- El cierre del Ingenio San Pedro abrió un nuevo frente en la discusión sobre el futuro de una de las principales fuentes de empleo de la región.
JORGE GONZÁLEZ
LERDO DE TEJADA, VER.- El cierre del Ingenio San Pedro abrió un nuevo frente en la discusión sobre el futuro de una de las principales fuentes de empleo de la región.
Mientras el Gobierno de Veracruz mantiene gestiones para evitar el cierre definitivo y preservar la actividad cañera, la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (Aievac) salió en respaldo de Grupo Porres.
Pidió a las autoridades respetar la libertad de empresa, la propiedad privada y la certeza jurídica para el sector productivo.
A través de un posicionamiento difundido este 17 de agosto, la organización empresarial defendió a Grupo Porres, propietario del Ingenio San Pedro, luego de los cuestionamientos surgidos desde el gobierno estatal por la decisión de suspender las operaciones de la factoría ubicada en Lerdo de Tejada.
La Aievac sostuvo que la determinación no puede reducirse a un acto de irresponsabilidad empresarial, sino que debe analizarse dentro de la compleja situación financiera que enfrenta actualmente la agroindustria azucarera.
El organismo empresarial planteó que la llegada y permanencia de inversiones en Veracruz dependen del respeto al marco legal, a la propiedad privada y a la autonomía de las compañías para tomar decisiones corporativas, financieras y patrimoniales.
En ese sentido, advirtió que las evaluaciones sobre la viabilidad de una empresa corresponden al ámbito interno de las compañías y que los señalamientos públicos o la pretensión de intervenir en ese tipo de decisiones pueden generar incertidumbre en el clima de negocios.
La postura de la Aievac se produce en medio de las gestiones encabezadas por la gobernadora Rocío Nahle García, quien ha sostenido reuniones con trabajadores, productores y representantes relacionados con el Ingenio San Pedro para encontrar una alternativa que permita recuperar la operación de la planta y evitar un impacto mayor en la economía regional.
Ha insistido en que la infraestructura del ingenio se encuentra en condiciones de volver a trabajar y ha planteado la necesidad de encontrar una solución que permita preservar los empleos y garantizar la recepción de la caña producida en la zona.
Nahle García también ha señalado que se busca el respaldo de instancias federales para atender el problema y encontrar una salida viable para la próxima zafra.
Sin embargo, para los industriales, el caso no debe analizarse únicamente desde la dimensión social que representa el cierre.
La Aievac argumentó que la agroindustria azucarera enfrenta presiones económicas que han afectado la rentabilidad de distintas plantas procesadoras y que las decisiones de ajuste o suspensión de operaciones responden a diagnósticos técnicos y financieros.
Entre los factores mencionados se encuentra la presión generada por la importación de azúcar, el denominado contrabando técnico y el desplazamiento de parte del consumo hacia otros endulzantes, lo cual ha contribuido a una sobreoferta y a una reducción de los márgenes de rentabilidad, indicó el grupo empresarial.
Otro de los puntos defendidos por la Aievac es el relacionado con los trabajadores, quien aseguró que Grupo Porres ha atendido sus compromisos laborales, incluidas liquidaciones y derechos adquiridos, conforme a la legislación laboral y a los contratos colectivos aplicables.
El debate, sin embargo, mantiene dos visiones claramente diferenciadas. Por un lado, el gobierno de Veracruz sostiene que el cierre del Ingenio San Pedro tendría consecuencias que van más allá de una decisión corporativa, debido al número de trabajadores, productores cañeros y familias cuya economía depende directa o indirectamente de la operación de la industria.
Por otro, la Aievac defiende el derecho de Grupo Porres a tomar decisiones sobre la continuidad de una empresa privada y considera que la función de las autoridades debe concentrarse en generar condiciones que favorezcan la inversión y la competitividad, mediante infraestructura, incentivos y condiciones económicas que permitan mantener las fuentes de empleo.
Mientras el gobierno estatal busca una fórmula para evitar que la planta deje de operar y preservar el empleo en la región, Grupo Porres cuenta ahora con el respaldo abierto del sector industrial veracruzano, que exige libertad empresarial y certeza jurídica.
