- Los trabajadores de la Ciudad de México tienen garantías constitucionales que se deberían cumplir para garantizar el pleno goce de sus derechos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Los trabajadores de la Ciudad de México tienen garantías constitucionales que se deberían cumplir para garantizar el pleno goce de sus derechos. Sin embargo, estas garantías están pendientes, e incluso han sido retrasadas por el Congreso de la Ciudad.
La legisladora de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, lamentó que pasados casi 10 años de la emisión de la Constitución no se tenga certeza en las garantías laborales.
Las garantías centrales que siguen pendientes son las marcadas en el Artículo 10 de la Constitución local, relativo a la Ciudad Productiva y donde se enmarcaron las garantías laborales de todos los trabajadores de la Capital.
Entre ellos, se enlistan derechos para los trabajadores de la Administración pública, como el derecho a un salario digno.
“Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un salario remunerado en los términos reconocidos por esta Constitución y que en ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el País”, detalla el Artículo 10, inciso C, punto 6.
El debate respecto a las condiciones laborales que mantienen los trabajadores de la Administración se intensificó desde el lunes, cuando una camioneta de carga de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) volcó en la incorporación de Eje 5 Sur, Avenida San Antonio, a la altura de Santa María Nonoalco.
Los trabajadores de limpia se transportaban en la parte trasera de la camioneta cuando el conductor perdió el control y provocó la volcadura. Se reportaron 19 personas lesionadas.
“Muchos están contratados por programas sociales, muchos están contratados por el outsorcing, que por cierto es ilegal, pero la batalla que tienen los trabajadores que están contratados con el Gobierno es que se cumpla el Artículo 10 de la Constitución”, explicó Urriza.
En agosto del 2024, el Congreso de la Ciudad realizó una reforma a la Constitución para ampliar la entrada en vigor de los artículos relativos a las garantías sociales de los trabajadores del Gobierno, marginando los derechos durante la Administración de Clara Brugada y haciendo que las disposiciones, como el salario digno, entren en vigor hasta el 2030.
A esto se suman sectores como los trabajadores de honorarios que no tienen contratos de relación laboral y más bien firman contratos de prestación de servicios.
En los trabajadores de limpia, Urriza ha documentado que la gran mayoría son contratados a través de empresas que el Gobierno subcontrata y con convocatorias de programas sociales.
“Ya ni siquiera están pidiendo seguridad social (…), sus vacaciones dignas, ni sus horarios que no excedan las 40 horas, sino que están pidiendo lo mínimo y básico”, subrayó la emecista.
Además de la falta de garantías, el traslado en la batea de las camionetas está prohibido por el Artículo 38 fracción II y V del Reglamento de Tránsito de la CDMX.
