- Vecinos de la Colonia Verónica Anzures, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, temen que el Poder Judicial falle a favor del desarrollo Be Grand Alto Polanco, cuya tercera fase busca levantar dos torres con 20 y 39 niveles.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Vecinos de la Colonia Verónica Anzures, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, temen que el Poder Judicial falle a favor del desarrollo Be Grand Alto Polanco, cuya tercera fase busca levantar dos torres con 20 y 39 niveles.
Esto implicaría al menos mil 84 departamentos para la zona.
En mayo, residentes de las colonias Anzures, Granada y Anáhuac realizaron bloqueos acusando que, pese a que se contaba con una suspensión judicial, en el sitio se realizaban obras.
REFORMA publicó entonces que, además, el desarrollo acumulaba 11 años sin realizar obras de mitigación urbana para contrarrestar el impacto de sus edificaciones.
Ayer, los habitantes tomaron las calles nuevamente para protestar frente a oficinas del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en Periférico Manuel Ávila Camacho, en Álvaro Obregón, advirtiendo que ya se contaba con un proyecto listo para ser votado.
“Este caso va a ser resuelto el próximo jueves; se iba a resolver hace una semana y algunos días, pero se pospuso la votación porque nos dieron vista del proyecto de resolución.
“El proyecto es incongruente y es no es exhaustivo”, expuso el abogado, Arturo Aparicio, sobre el caso radicado en el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Los colonos, que exigían la colocación de suelo permeable en la zona en donde se edifica el megadesarrollo, criticaron las consideraciones que hace la resolución.
Refirieron que alude a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, aunque es una legislación que ya no se encuentra vigente en la Ciudad.
“¿Cómo es posible que el proyecto señale que en el presente caso aplica la derogada Ley Ambiental de Protección a la Tierra, que sí contemplaba la consulta pública.
“Y por otro lado dice que no es exigible la consulta pública? Entonces, ahí hay una contradicción muy grande; creo que sería el hazmerreír el Poder Judicial de la Federación con una sentencia así a favor del sector inmobiliario”, reclamó Aparicio.
Tras las protestas que se llevaron a cabo en mayo, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) colocaron sellos de clausura al lugar, ubicado en Lago Alberto 300.
Aparicio señaló que algo que se encuentra en juego con el amparo es la participación de la ciudadanía en temas ambientales. Por ello también urgieron la realización de una consulta sobre el proyecto en construcción.
“Son derechos de participación ciudadana en temas ambientales. Al resolverse en contra de los vecinos, habría un retroceso fuerte en los temas ambientales por parte de la ciudadanía”, expuso.
El abogado también resaltó que la resolución también habla sobre cómo deben ser consideradas las medidas de mitigación y si estas deben tomar en cuenta la acumulación de impacto de los proyectos.
