- Una presunta falla técnica en el sistema de videoconferencias Webex obligó a diferir la audiencia del caso de la periodista Lydia Cacho, de acuerdo con información difundida por Artículo 19.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Una presunta falla técnica en el sistema de videoconferencias Webex obligó a diferir la audiencia del caso de la periodista Lydia Cacho, de acuerdo con información difundida por Artículo 19.
La organización expresó su inconformidad ante los obstáculos que continúan retrasando el proceso judicial, a 21 años de los hechos de tortura denunciados por la comunicadora.
Informó que recibió la confirmación del Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo, del Poder Judicial de la Federación, sobre el aplazamiento de la diligencia.
De acuerdo con lo reportado, cuando la defensa de Lydia Cacho intentó ingresar a la audiencia virtual, encontró que la cuenta aparecía como inhabilitada.
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Artículo 19 cuestionó que, después de más de dos décadas sin justicia por la tortura de la periodista, problemas técnicos o errores logísticos sigan provocando retrasos en el procedimiento.
La audiencia diferida corresponde a la etapa de vista para sentencia, en la que las partes presentan sus alegatos de conclusión, tanto por escrito como de manera oral, para exponer los argumentos finales que sustentan sus respectivas posiciones ante el juez.
Esta diligencia marca el cierre de las etapas de discusión del proceso, una vez que las partes consideran que no hay más elementos que aportar.
A partir de sus conclusiones, el juzgador cuenta con los argumentos finales para avanzar hacia la resolución del caso.
Hay que recordar, que el 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente en Cancún y trasladada por tierra a Puebla en un trayecto de más de 20 horas.
Durante el recorrido, sufrió amenazas de muerte, incomunicación, violencia sexual y tortura física y psicológica, de acuerdo con los antecedentes del caso.
La detención fue señalada como una represalia por la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que la periodista expuso redes de explotación sexual infantil presuntamente vinculadas con empresarios y autoridades mexicanas.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el Estado mexicano había violado los derechos de Lydia Cacho y exigió la reparación del daño y la sanción de los responsables.
Aunque el Estado ofreció una disculpa pública en 2019, la periodista ha continuado enfrentando amenazas y obstáculos para acceder a la justicia.
Ese mismo año, sujetos armados allanaron su casa, envenenaron a sus mascotas y robaron material periodístico sensible.
Estos hechos la obligaron a salir del país y permanecer en el exilio, situación que continúa afectando su vida personal y profesional.
Desde el extranjero, Lydia Cacho ha seguido recibiendo amenazas en línea y, según las denuncias difundidas, no cuenta con garantías suficientes para ejercer su labor periodística ni para regresar en condiciones dignas y seguras.
A lo largo del proceso, distintas resoluciones han modificado la situación jurídica de personas señaladas por su presunta participación en los hechos. Artículo 19 ha cuestionado que las decisiones judiciales y las penas impuestas no han permitido alcanzar una justicia integral para la periodista.
Para Artículo 19, la evolución del caso evidencia que la justicia no solo ha sido lenta, sino que las sanciones impuestas a algunos de los responsables han resultado insuficientes frente a la gravedad de los delitos denunciados.
La organización también ha advertido que cada año sin una resolución integral refuerza la percepción de que las agresiones contra periodistas pueden quedar sin consecuencias, especialmente cuando existen señalamientos sobre la participación o protección de personas con poder económico y político.
Hasta el momento, la información difundida por Artículo 19 no precisa una nueva fecha para la audiencia.
