- Habrían hecho un montaje de una supuesta llamada de extorsión para privar de la libertad a Jesús Carlos Hernández Hernández y quedarse con su terreno en Cancún.
RODOLFO MONTES Y ENRIQUE TÉLLEZ
MÉRIDA, YUC.- Son las 17:12 horas en el reloj; es martes 14 de julio de este 2026. Jesús Carlos Hernández Hernández, ciudadano de Mérida, está en la cochera de su casa, ubicada en la calle 31 número 167 de la colonia Polígono 108 CTM.
Sin prisa alguna, Jesús Carlos prepara la mochila térmica para montarla en su moto y comenzar su día laboral como repartidor de comida de la plataforma Uber. Más de siete años laborando para esa aplicación.
Con la misma disciplina de siempre, se monta en su moto para comenzar a repartir comida rápida en las colonias del norte de Mérida, las de mayor plusvalía, las que dejan mejores propinas.
Pero a escasas cuadras, policías de Investigación de Yucatán le han cerrado el paso. Lo obligan a descender de su motocicleta para subirlo a los vehículos sin placas ni matriculas.
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El reloj marca las cinco de la tarde con 24 minutos, cuando un vehículo color blanco se estaciona frente a la entrada de la casa de Jesús Carlos. Dos sujetos descienden, uno se coloca un chaleco oscuro que en la parte de atrás trae las siglas PDI (Policía de Investigación); el otro sujeto con playera color verde trae colgada al pecho una cangurera.
Ambos interactúan con María Ofelia, hermana de Jesús Carlos, que en ese momento está lavando el piso de la misma cochera de la que salió su hermano ese 14 de julio de 2026.
“Me dijeron que si yo era la señora Ofelia Hernández, me les quedé viendo y les pregunté sobre qué asunto buscan a esa persona. Me insistieron que si yo era Ofelia Hernández o es alguna otra persona; yo les dije que primero me dijeran sobre qué asunto y el del chaleco negro con un teléfono celular en mano, le dice a alguien: No quiere decir nada la señora, entonces no ha de ser aquí, hay que decirle al señor Carlos…”
María Ofelia narra que, al escuchar del policía de investigación decir el nombre de su hermano Carlos, de inmediato les pregunté qué pasó con Carlos Hernández, y el policía de investigación me dijo: “Lo detuvimos aquí a la vuelta y necesita ir por la moto y sus cosas.
“Yo le dije que en dónde estaba mi hermano y a dónde lo están llevando y por qué”, cuenta Ofelia a Luces del Siglo y continúa: “El policía de investigación me respondió que no me podía decir nada, y me insistió en que fuera por la moto.
“Yo le insistí al policía de investigación: ¿¡Cómo que no puede decirme nada!? ¡Muéstreme una orden de aprehensión! O algún documento oficial que diga por qué lo detuvieron, o por qué chocó con su moto”.
Pero el policía de investigación le pidió que fuera por la moto de su hermano, y que después fuera a la sede de la Fiscalía de Yucatán a pedir informes sobre la situación legal de Jesús Carlos.
“Les pedí que me ayudaran ellos mismos a traer la moto. Y me la trajeron otros policías de investigación”.
Y así sucedió. En la acera de enfrente de su hogar, se estacionó una camioneta color blanco, de la que descendieron dos sujetos, uno de ellos traía la mochila térmica de UBER que usaba Jesús Carlos. Segundos después aparece un sujeto de playera roja conduciendo la moto y la mete hasta la cochera.
“¿Y la cartera de mi hermano, y su reloj, y su celular?”, preguntó en vano Ofelia a los policías de investigación, quienes abordaron el vehículo y la camioneta para perderse en las calles de Mérida.
Son las seis de la tarde con 45 minutos de ese 14 de julio. Tanto María Ofelia como Arturo, el hijo mayor de Jesús Carlos, han llegado a las instalaciones de la secretaría de seguridad pública de Yucatán.
“Aquí no ha sido ingresado ninguna persona con el nombre de Jesús Carlos Hernández Hernández”, fue la respuesta de las autoridades que estaban en turno ese día.
Sin embargo, existen documentos del médico legista de esa institución para acreditar el estado de salud de Jesús Carlos, signado por la Médico Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad, Daniela Campos Vázquez.
Luego de ello, la comandante de aprehensiones de la misma corporación policial, Laura Guadalupe Vázquez Moguel, hizo entrega de Jesús Carlos a personal de la Fiscalía de Quintana Roo para que se lo llevaran a la cárcel de Cancún.
INGRESA A LA PRISIÓN
Sábado cinco de septiembre. Son las diez de la mañana. María Ofelia ingresa a la prisión de Cancún para ver a su hermano; él le dice que lo sorprendieron en la calle, lo bajaron de su moto, lo metieron a un carro color blanco, antes le quitaron su cartera y su celular, y que, sin mostrarle documento alguno y sin leerle sus derechos, le dijeron de manera verbal que tenía una denuncia en su contra por el delito de extorsión.
Es sábado 12 de septiembre de este 2026. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha concluido un evento masivo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, ubicado en la ciudad de Mérida, a propósito de su gira nacional para dar a conocer los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.
Entre empujones de la multitud que rodea la camioneta en que viaja la presidenta de México, la esposa de Jesús Carlos, sus tres hijos y su pequeña niña, logran poner en sus manos el caso.
Sheinbaum escucha con toda atención a los hijos y esposa de Jesús Carlos; con un beso en la mejilla de la pequeña hija, ha sellado su compromiso de llegar hasta el fondo de este caso que conmueve a vecinas y vecinos de la ciudad de Mérida.
La familia advierte que cualquier intento de atentar contra de la integridad de Jesús Carlos dentro la prisión, hace responsables de ello al empresario Alberto Millar López, quien “urdió este montaje ilegal”. Así lo sostiene Ofelia.
Y argumenta: “En vida, nuestro papá, le otorgó a mi hermano Jesús Carlos poderes amplios sobre un terreno de cinco hectáreas de su propiedad ubicado en la Laguna de Nichupté, ubicado en Cancún, Quintana Roo”.
“Pero Alberto Millar”, continúa Ofelia, “urdió toda esta artimaña en contra de mi hermano para despojarnos de nuestra propiedad, y lo hizo no sólo con la falsa extorsión, sino con documentos falsificados en contubernio con el gobernador Roberto Borge en el tramo final de su sexenio”.
Y justo cuando un juez citó a la familia Hernández para que en audiencia decretara la recuperación de su propiedad, “Millar inventó todo su cuento de una supuesta extorsión en su contra por parte de mi hermano Jesús Carlos para supuestamente extorsionarlo”.
La familia Hernández muestra documentación a Luces del Siglo en la que queda al descubierto que, en octubre de 2022, ante el notario público 117, Fernando Enrique Chuc González, Alberto Millar realizó un contrato de compra venta a plazos a favor de Héctor Manuel de Zulueta Ochoa y Héctor Manuel de Zulueta Razo, por la cantidad de 19 millones 500 mil pesos.
El primero es padre y el segundo hermano del director de Turismo del municipio de Benito Juárez Cancún, Juan Pablo de Zulueta Razo.
Por lo que hace a las supuestas llamadas de extorsión, Ofelia y Arturo, hijo de Jesús Carlos aseguran que nunca existieron esas llamadas y que, si las hubo, fueron de un número de celular que no le pertenece a su familiar, y que la foto que aparece en ese número, la bajaron de las redes sociales de Jesús Carlos.
“En la denuncia en contra de mi papá, se dice que de ese celular se hicieron las llamadas y que la policía de investigación al hacer uso georeferencial, ubicaron ese número en el municipio de Umán”, explica Arturo.
Y agrega: “Pero mi papá pudo comprobar ante el juez que él nunca estuvo en ese municipio, los días 1 y 2 de mayo de este año de 2026, sino en lugares muy distantes y en la ciudad de Mérida.
“En la Carpeta de Investigación que se abrió en su contra, pudimos demostrar que mi papá no estaba en ese municipio de Yucatán y para la mala suerte del fabricante de esta farsa, no contaba con que yo tengo en tiempo real la ubicación de mi papá, qué hizo, en dónde estaba, a qué negocios de comida llegó para luego ir a repartir el producto a domicilios particulares, lejanos, muy lejanos de donde se supone que le llamaron al supuesto extorsionado.
“El número de celular de mi papá ya está vinculado por mandato del Gobierno Federal, y en sus recorridos se aprecia que estuvo trabajando como repartidor de comida en distintos domicilios comerciales y particulares.
“Esos recorridos obran en la carpeta de investigación; los días que se supone que mi papá hizo las llamadas para extorsionar a ese sujeto, él estaba en el norte de Mérida, estamos hablando de más de 30 kilómetros de distancia y un recorrido en moto de hasta 50 minutos; mi papá no pudo haber hecho esas llamadas de extorsión; usaron una fotografía de sus redes sociales para colocársela a números desconocidos y montar esa farsa, eso se lo hicimos ver al juez que lleva el caso, pero desestimó todas las pruebas nuestras; todo lo tenían planeado”, sentenció Arturo.
María Ofelia ha vuelto a ver a su hermano en la prisión de Cancún. Al salir, concedió una entrevista a Luces del Siglo.
Esta semana, Jesús Carlos tiene audiencia constitucional ante el juez quien decidirá si otorga su libertad o lo vincula a proceso por un delito de extorsión que no habría existido y que pone al descubierto el modus operandi de despojo de tierras en Quintana Roo.
Los abogados del presunto extorsionador confían en que en la audiencia se repare en todos estos elementos de prueba para demostrar la inocencia de Jesús Carlos.
En tanto eso sucede, los nuevos dueños de este terreno, vinculados con el titular de Turismo de la alcaldía Benito Juárez Cancún, ha erigido un complejo habitacional y comercial llamado Aurora Towers con vista a la Laguna de Nichupté, con departamentos y penthouses de cuatro y hasta cinco millones de pesos cada uno.
