- La entrada en vigor de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio en Quintana Roo generó preocupación entre el sector empresarial.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- La entrada en vigor de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio en Quintana Roo generó preocupación entre el sector empresarial, al considerar que la norma abre la puerta a interpretaciones ambiguas que podrían vulnerar la seguridad jurídica de los propietarios.
Una de las principales críticas fue el aumento de las causales de expropiación, que pasaron de 11 a 25, incluyendo conceptos como “proyectos de inversión privada con impacto colectivo”, los cuales, según empresarios, carecen de precisión y podrían aplicarse de forma discrecional.
A esto se sumó la falta de un reglamento que defina con claridad los procedimientos, así como el hecho de que la ley fue aprobada sin una consulta previa con el sector productivo. Otro punto de controversia fue la inclusión de organizaciones civiles como actores con capacidad para solicitar expropiaciones, lo que, a juicio de representantes empresariales, podría abrir la puerta a abusos o litigios promovidos por intereses particulares.
Frente a este escenario, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe encabezó un proceso de diálogo con autoridades estatales para corregir lo que calificaron como áreas de riesgo dentro de la nueva legislación. Javier Carlos Olvera Silveira, presidente del CCE del Caribe, informó que después de semanas de trabajo conjunto con el Consejero Jurídico, la Secretaría de Gobierno, asociaciones de clubes vacacionales y el Consejo Hotelero, se alcanzó una propuesta modificada que será presentada ante el Congreso del Estado este lunes 31 de marzo o en los días posteriores.
“Es un proyecto que trabajamos de la mano con diversas instancias del gobierno y el sector privado. Fuimos un grupo casi de ocho o nueve personas que estuvimos rebotando diferentes ideas hasta llegar a una propuesta sólida”, detalló.
Entre los cambios propuestos destaca la necesidad de precisar el concepto de interés público superior, limitar las causales de expropiación y definir con claridad quiénes pueden solicitarla.
Asimismo, se busca garantizar compensaciones justas a los propietarios afectados y crear un reglamento que regule cada etapa del proceso. Según Olvera Silveira, la expropiación es una herramienta legítima que se utiliza en todo el mundo para resolver necesidades colectivas, como la construcción de carreteras o infraestructura básica, pero debe estar cuidadosamente regulada para evitar excesos. “Lo que no puede suceder es que asuntos que no justifiquen ese interés público superior puedan acceder a la expropiación de una propiedad”, enfatizó.
El representante empresarial aseguró que este ejercicio de diálogo permitió recuperar la confianza entre el gobierno y el sector privado, al demostrar que hay disposición para escuchar y corregir.
Añadió que el CCE continúa colaborando en más de 30 mesas de trabajo en todo el estado, no sólo con autoridades municipales y federales, sino también con otras organizaciones empresariales. Además, están involucrados en iniciativas legislativas relacionadas con temas ecológicos y normativas de condominios.
Con estos ajustes, empresarios y autoridades buscan que la Ley de Expropiación cumpla su objetivo de facilitar obras de beneficio colectivo sin poner en riesgo la certidumbre jurídica ni el clima de inversión en Quintana Roo.
