- La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el cobro de 2 por ciento a plataformas de reparto, como Rappi y Uber Eats.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el cobro de 2 por ciento a plataformas de reparto, como Rappi y Uber Eats, que fue establecido por la Ciudad de México durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Por tres votos contra uno, la Segunda Sala amparó ayer a la empresa Cargamos Mobility contra el Artículo 307 Ter del Código Fiscal capitalino.
Este último obliga a las empresas a pagar el porcentaje sobre las comisiones o tarifas que cobran por cada viaje, bajo el concepto de “uso o aprovechamiento de la infraestructura de la CDMX”.
La Sala había registrado un empate a dos votos al discutir un proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel, por lo que se tuvo que invitar a la Ministra Margarita Ríos Farjat, de la Primera Sala, para emitir el voto decisivo.
Ríos Farjat se sumó a sus colegas Alberto Pérez Dayán y Javier Láynez para conceder el amparo, mientras que Lenia Batres faltó a la sesión.
La mayoría estableció que este cobro no es un aprovechamiento, como sostiene el Gobierno local, sino un derecho -similar a un impuesto- y que, por lo tanto, está regido por principios constitucionales en materia tributaria.
Estos principios no son respetados por este cobro, ya que no está claro cuál es la “infraestructura” que se está aprovechando, hasta qué grado la aprovechan las empresas y cuál es el beneficio concreto que obtienen.
El amparo beneficia exclusivamente a Cargamos Mobility y, al haber sido aprobado por tres votos, no es precedente obligatorio para los jueces y tribunales federales de la Capital.
La Corte tiene pendiente un amparo de Uber Eats, en el cual el Ministro Alfredo Gutiérrez, al romper un empate en la Sala el pasado 30 de abril, sólo dijo que estaba en contra de clasificar el cobro como un derecho, pero no se pronunció sobre su constitucionalidad.
Este último proyecto fue desechado y turnado a Batres. Se discutirá ya bajo la nueva integración de la Corte, que inicia labores en septiembre.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
La decisión protege el principio de legalidad y evita que los gobiernos locales impongan cobros fuera de lo que les permite la Constitución”.
