- El gobierno de Estados Unidos solicitó durante el fin de semana a una jueza en Miami la suspensión de su fallo en el que ordena el cierre gradual del centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
FLORIDA, EU.- El gobierno de Estados Unidos solicitó durante el fin de semana a una jueza en Miami la suspensión de su fallo en el que ordena el cierre gradual del centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, en lo que se apela la decisión.
En su solicitud de suspensión, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) dijeron que, de implementarse, la orden que la jueza federal Kathleen Williams emitió la semana pasada interrumpiría la capacidad del gobierno federal para aplicar las leyes de migración. Pidieron a la jueza que se pronuncie sobre su solicitud el lunes por la noche.
La solicitud se produce después de que un grupo defensor de los derechos civiles interpuso el viernes una demanda contra las prácticas dentro de la instalación, argumentando que el estado de Florida no tenía autoridad para operar un centro de detención de migrantes.
En una declaración en apoyo a la solicitud de suspensión, Garrett Ripa, director de la oficina de operaciones de ejecución y remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) en Miami, dijo que las 2 mil camas del centro de detención en “Alcatraz de los Caimanes” eran sumamente necesarias, ya que las instalaciones de detención en Florida estaban sobrepobladas.
“Su eliminación pondría en riesgo la capacidad del gobierno para aplicar las leyes de migración, salvaguardar la seguridad pública, proteger la seguridad nacional y mantener la seguridad fronteriza”, destacó Ripa.
Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, cuya demanda condujo al fallo de la jueza, se opusieron a la solicitud.
La jueza señaló en su orden que esperaba que la población del centro disminuya dentro de los próximos 60 días mediante la transferencia de detenidos a otras instalaciones, y una vez que eso suceda, se deberían retirar las cercas, la iluminación y los generadores.
Escribió que los demandados estatales y federales no pueden traer a nadie más a la propiedad más que a aquellos que ya se encuentran detenidos dentro de la instalación.
Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee habían argumentado que la construcción y las operaciones adicionales debían llegar a su fin hasta que las autoridades federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales federales. Su demanda aseguraba que la instalación representaba un riesgo para humedales delicados que son hogar de flora y fauna protegida y que su operación revertiría los miles de millones de dólares que se han invertido a lo largo de varias décadas para la restauración ambiental.
El centro de detención se construyó a toda prisa hace dos meses en un aeropuerto de poco uso ubicado en medio de “Alcatraz de los Caimanes”.
Los funcionarios estatales firmaron más de 245 millones de dólares en contratos para la construcción y operación de la instalación, la cual se inauguró oficialmente el 1 de julio.
El presidente Donald Trump recorrió las instalaciones el mes pasado y dejó entrever que podría ser un modelo para futuras cárceles en todo el país en momentos en que su gobierno expande a toda prisa la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.
Grupos defensores de los derechos civiles presentaron una segunda demanda el mes pasado contra los gobiernos estatal y federal por las prácticas al interior de la instalación, arguyendo que a los detenidos se les negaba el acceso al sistema legal.
Otro juez federal en Miami desestimó la semana pasada partes de la denuncia, la cual había sido interpuesta en el distrito sur de Florida, y luego trasladó los cargos restantes contra el estado de Florida al distrito medio.
*Con información de la agencia AP
