- La transición en el Poder Judicial de la Federación no sólo trajo consigo una nueva Suprema Corte electa por voto popular, sino también un cambio estructural en la administración de sus recursos.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La transición en el Poder Judicial de la Federación no sólo trajo consigo una nueva Suprema Corte electa por voto popular, sino también un cambio estructural en la administración de sus recursos.
Con la creación del Órgano de Administración Judicial (OAJ), cinco perfiles serán los responsables de manejar los 5 mil 922.9 millones de pesos solicitados por la anterior Corte para 2025, cifra aún sin discusión y que marcará el rumbo financiero del Máximo Tribunal en un contexto de austeridad y escrutinio público.
Los nuevos consejeros llegan con trayectorias sólidas en derecho, administración pública y gestión institucional.
Sin embargo, no están libres de controversias: la composición del OAJ refleja tanto la diversidad de perfiles técnicos como la influencia política que ha acompañado a la reforma judicial.
CATALINA ÁLVAREZ RAMALES: LA FORMACIÓN ACADÉMICA COMO BANDERA
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla, Catalina Álvarez Ramales consolidó su carrera con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y una especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. Ha reforzado su perfil con diplomados sobre justicia, género y seguridad social.
Su nombramiento responde a una trayectoria académica constante y a su paso por programas de capacitación judicial, que la perfilan como una de las voces técnicas dentro del órgano.
LORENA JOSEFINA PÉREZ ROMO: EXPERIENCIA EN LA JUDICATURA
Con más de 26 años en el Poder Judicial de la Federación, Lorena Josefina Pérez Romo es quizá la integrante con mayor experiencia jurisdiccional.
Egresada con honores del Tecnológico de Monterrey, cuenta con maestría y doctorado en Derecho Procesal Penal, además de estudios posdoctorales en Harvard University.
Fue Jueza de Distrito en Colima, ha trabajado en el sistema penal acusatorio y ha incorporado la perspectiva de género en su práctica. Su presencia aporta legitimidad judicial y conocimiento de primera mano sobre la operación de tribunales.
JOSÉ ALBERTO GALLEGOS RAMÍREZ: LA VISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Aunque proviene más del ámbito económico que del judicial, José Alberto Gallegos Ramírez suma una larga carrera en la Secretaría de Economía, donde ocupó cargos en inversión extranjera y asuntos internacionales.
También fue consultor para la ONU y colaborador editorial. En el estado de Morelos participó en proyectos de desarrollo social y planeación pública.
Su perfil sugiere que el OAJ tendrá un enfoque más amplio en el manejo de recursos y en el impacto social de la gestión judicial.
NÉSTOR VARGAS SOLANO: LA POLÉMICA CERCANÍA POLÍTICA
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la UNAM, con maestría en FLACSO, Néstor Vargas Solano es un hombre cercano a Claudia Sheinbaum, con quien trabajó en Tlalpan y en la Ciudad de México como consejero jurídico.
Su designación, propuesta directamente por la Presidencia, ha generado polémica: en 2022 fue denunciado por acoso y abuso sexual por una excolaboradora, caso que fue archivado por la Fiscalía pero que ha dejado un flanco abierto a la crítica social y política.
Su llegada simboliza tanto la influencia de la 4T en el rediseño del Poder Judicial como los dilemas éticos que persisten en torno a los nombramientos de confianza.
SURIT BERENICE ROMERO DOMÍNGUEZ: EL PUENTE ENTRE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN
Licenciada en Derecho por la Universidad de Cuautitlán Izcalli y con maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana, Surit Berenice Romero Domínguez tiene experiencia en protección al consumidor.
Fue subprocuradora y encargada del despacho en Profeco en 2021, además de militante activa de Morena. Su perfil combina gestión administrativa y cercanía partidista, lo que refuerza la percepción de que la reforma judicial abrió espacios a figuras con vínculos directos con el oficialismo.
UN PRESUPUESTO BAJO LA LUPA
El presupuesto solicitado por la anterior Corte, encabezada por Norma Piña, asciende a 5 mil 922.9 millones de pesos, un 2.3 % más que en 2024. La cifra aún debe pasar por revisión y posible recorte legislativo.
El OAJ, que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, tendrá la tarea de decidir cómo se distribuyen y ejecutan esos recursos en un momento donde la narrativa oficial apuesta por austeridad y fin de privilegios.
Si bien los perfiles designados ofrecen experiencia en derecho, gestión administrativa y economía, también reflejan la tensión entre la necesidad de profesionalizar el manejo judicial y el riesgo de una excesiva politización en la designación de cargos.
El desempeño de este órgano será clave para evaluar si la nueva justicia mexicana cumple con su promesa de cercanía al pueblo o si los 5 mil 900 millones de pesos terminan atrapados en la burocracia y la disputa política.
