- Las comunidades de San José Tzal, Petecbiltun, Hotzuc, Texan Cámara, Tebec, Xtepén, Molas, Petac y San Antonio Tzacalá, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, solicitaron al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, detener extracción ilegal.
IGNACIO CANUL
MÉRIDA, YUC.- Al menos nueve pueblos originarios de Yucatán exigieron al gobernador Joaquín Díaz Mena, la inspección y clausura de una empresa minera.
La compañía, denunciaron, pretende establecer un banco de materiales para la explotación de estrato seco y de una planta trituradora y realiza actividad extractiva sin tener permiso ambiental.
Los representantes de los pueblos mayas de San José Tzal, Petecbiltun, Hotzuc y Texán Cámara, acompañadas del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C., fueron los que presentaron una solicitud formal ante la secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán.
La petición está apoyada también por las comunidades indígenas afectadas, de Tebec, Xtepén, Molas, Petac y San Antonio Tzacalá.
Los inconformes piden que se niegue el permiso 049/2025 relacionado con una solicitud de impacto ambiental que busca autorizar el proyecto denominado “Banco de materiales Proser”.
La instalación está ubicada en terrenos del ejido de San José Tzal, pero sus actividades tienen un rango de afectación a los pueblos indígenas denunciantes, a los que se sumaron también Tebec, Xtepén, Molas, Petac y San Antonio Tzacalá.
Esta lucha está encabezada por pobladores de Xcucul desde hace varios meses, que han denunciado las afectaciones del banco de materiales con extracción de estrato húmedo.
La empresa Proser, S.A. de C.V., aseguran, ha dañado viviendas y provocado afectaciones al entorno ambiental de la región y la salud de las y los pobladores.
La explotación de los bancos de materiales pétreos no es una actividad reciente en la península.
La demanda de insumos pétreos aumentó por el incremento de megaproyectos de construcción, como el Tren Maya que detonó una expansión sin precedente en esa actividad.
Ante los requerimientos de la industria, fue que otras empresas mineras han obtenido autorizaciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Con el cambio del uso de suelo se les ha permitido deforestar sitios que son destinados a nuevos bancos de materiales, o para realizar extracciones por debajo del manto freático.
Las actividades extractivas han provocado la destrucción irreversible del suelo kárstico, con afectaciones directas a la integridad del sistema acuífero.
Igualmente, mencionan, se ha puesto en riesgo la estabilidad ecológica de un territorio especialmente frágil ubicado en el norte de la península.
Respecto al permiso 049/2025, la solicitud de impacto ambiental busca justificar la operación del proyecto sin que se hubiera hecho alguna consulta a comunidades indígenas, a pesar de que se pretende desarrollar en territorio maya.
Los habitantes de esta región aseguran que hay una violación del derecho al territorio y a la libre determinación de esos pueblos afectados por los impactos ambientales, a la vivienda, salud y agua.
Los inconformes han dicho que el permiso no está resuelto, pero ya se encuentra maquinaria trabajando y desmontando territorio del pueblo de San José Tzal, lo que implica una violación flagrante de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, motivo por el cual la empresa debe ser inspeccionada y sancionada.
“Hacemos un llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, ante las violaciones realizadas a dichos pueblos mayas por parte de la SDS, por su negligencia en la aprobación de los mal llamados proyectos de desarrollo en territorio indígena”, señalaron.
“Sin que exista un proceso de diálogo intercultural en donde se brinde información a las comunidades, se les permita participar en la manifestación de impacto ambiental y se tome en consideración su decisión, como dueños del territorio”.
Lo anterior, señalaron, representa una clara muestra de racismo institucional que sigue colocando a los derechos de pueblos y comunidades muy por debajo de las necesidades empresariales.
Los integrantes de las comunidades indígenas pidieron al gobernador Joaquín Díaz Mena se ordene un procedimiento de inspección y la clausura de las actividades iniciadas en el territorio del pueblo de San José Tzal.
Además, se instruya a que se detengan las obras ilegales y se repare el daño de las comunidades afectadas.
Al mandatario estatal pidieron negar el permiso 049/2025, al violentarse derechos de los pueblos y por representar riesgos importantes de afectación al territorio, al agua, medio ambiente y vivienda.
Los inconformes denunciaron que las actividades extractivas ponen en riesgo la salud de las personas que habitan las comunidades citadas.
