- Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y uno de los empresarios con mayor patrimonio en México, elevó su disputa con el Estado mexicano al plano internacional.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
WASHINGTON, EU.- Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y uno de los empresarios con mayor patrimonio en México, elevó su disputa con el Estado mexicano al plano internacional. Tras perder múltiples litigios fiscales en los tribunales nacionales, el empresario acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentarse como un “perseguido político”.
Durante su visita a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), Salinas Pliego se reunió con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
El empresario argumenta que los procesos de cobro de impuestos en su contra son, en realidad, una represalia por su postura crítica hacia el gobierno actual.
La acción internacional ocurre después de que el sistema judicial mexicano agotara las instancias de impugnación del grupo empresarial. Por casi 20 años, empresas como Elektra y TV Azteca mantuvieron litigios contra el fisco por adeudos que, según autoridades fiscales mexicanas, superan los 70 mil millones de pesos.
El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a amparar al grupo, ratificando la obligación de pago. Ante la derrota judicial, Salinas Pliego cumplió su advertencia de trasladar el caso a organismos externos.
A través de un comunicado oficial y declaraciones en sus redes sociales, Grupo Salinas justificó la denuncia bajo los siguientes puntos:
Uso político del fisco: Alegan que el Estado mexicano utiliza el aparato recaudatorio con fines coercitivos y discriminatorios, más que con un objetivo meramente tributario.
Acoso mediático: El empresario señaló haber sido mencionado en más de 600 ocasiones en las conferencias matutinas del Ejecutivo (las mañaneras), vinculándolo constantemente con temas de evasión fiscal.
Violación de derechos: La solicitud ante la CIDH busca que se declare la responsabilidad internacional de México y se ordene la restauración de la independencia judicial, protegiendo la libertad de expresión y el derecho a la propiedad.
Para Salinas Pliego, su situación no representa el caso aislado de un contribuyente con adeudos pendientes, sino que constituye “un aviso sobre la crisis institucional en México”.
A pesar de que los tribunales nacionales ya determinaron el monto y la legalidad del cobro, el empresario sostiene que el trato recibido ha sido “discriminatorio”.
Se espera la respuesta oficial de la CIDH sobre la admisión de la queja y el posible inicio de un proceso de observación sobre el caso.
