- La discusión para aclarar si las fiscalías pueden asegurar bienes sin orden judicial previa fue aplazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La discusión para aclarar si las fiscalías pueden asegurar bienes sin orden judicial previa fue aplazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Luego de una sesión privada relativamente larga, el Secretario General de Acuerdos anunció el retiro de la lista de una contradicción de criterios y dos amparos en revisión, que contienen propuestas en sentido opuesto sobre el tema en cuestión.
No hay fecha, por ahora, para retomar el asunto.
La nueva integración de la Corte, de maneras reiterada, ha listado proyectos de casos relevantes para luego retirarlos, ya sea modificando la lista, o anunciándolo al inicio de las sesiones públicas.
Grupo REFORMA publicó ayer que la Ministra María Estela Ríos, quien fue Consejera Jurídica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó en su proyecto que el aseguramiento es una técnica de investigación y medida precautoria que solo provoca afectaciones provisionales, pues los bienes pueden ser devueltos si no se prueba relación con un delito.
“El aseguramiento de bienes en términos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), no requiere control judicial previo por parte del Juez y, por tanto, puede decretarse por el Ministerio Público (con auxilio de la policía, de ser necesario) durante el curso de una investigación penal”, dice la propuesta.
Por tratarse de una contradicción de criterios, basta el voto de cinco Ministros para aprobar la jurisprudencia obligatoria.
En 2018, la anterior integración de la Corte sostuvo la postura contraria, al establecer que “la intervención de los jueces de control en la autorización de las técnicas de investigación es la regla”, pero Ríos propone abandonar este criterio.
Por su parte, la Ministra Yasmín Esquivel propone confirmar dos amparos otorgados a empresas afectadas por el aseguramiento de un edificio en Santa Fe, decretado en 2024 por la FGR, precisamente porque se requería orden judicial.
La Corte también bajó de la lista el proyecto de Ríos que avala una reforma de 2019 que prohíbe desalojos forzosos de inquilinos en la Ciudad de México, pero sí los permite con orden judicial.
