- Hugo Aguilar aseguró que la compra de camionetas blindadas para ministros de la Corte estuvo justificada y no fue arbitraria.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, afirmó hoy que la compra de nueve camionetas Grand Cherokee blindadas para Ministros y Ministras estuvo “plenamente justificada” y no fue arbitraria ni caprichosa.
Lo anterior debido a que al día siguiente de que se informó que las camionetas, que costaron 2.4 millones de pesos por unidad, no serán usadas por la Corte, sino que serán vendidas o destinadas a Jueces federales en situaciones de riesgo.
Aguilar dijo que la decisión de no usar las camionetas -que se consiguieron “a precio menor que el de mercado”- es muestra de que la Corte escucha y que él no tiene problema en andar “como cualquiera de ustedes” en metro, autobús, en su propio auto o a pie.
Informó que al cierre de agosto de 2025, la Corte tenía 42 vehículos blindados adquiridos desde 2010, pero cuatro fueron comprados por Ministros salientes, a lo que tenían derecho como parte de su haber de retiro. No dijo quiénes ni cuánto pagaron.
Arístides Guerrero acusó que “se llevaron” las camionetas, y que se está auditando un acuerdo de la ex presidenta Norma Piña sobre el tema.
“Díganme en qué trabajo permiten adquirir a un precio mucho menor del que se encuentra en el mercado”, dijo varias veces Guerrero.
“No se las robaron”, aclaró Aguilar, recordando que desde 2010 se acordó que los Ministros tenían derecho a un vehículo blindado, que se debe renovar cada cuatro años porque el blindaje se degrada y provoca problemas mecánicos.
Aguilar también rechazó que las nuevas camionetas hubieran sido emplacadas en Morelos y aclaró que fueron registradas en la Ciudad de México.
Dijo que los problemas de seguridad que justificaron la compra no fueron por amenazas a los Ministros, sino de naturaleza vial.
El presidente explicó que los actuales integrantes están haciendo viajes constantes los fines de semana al interior del País para escuchar a la gente y que en los últimos meses se presentaron varios incidentes con los vehículos que ya existían.
“Lo que tuvimos fueron incidentes de seguridad en el camino. En un viaje a Huejutla, la camioneta se quedó a medio camino, se partió el rin, no era un vehículo para carretera”.
“La decisión no fue subjetiva, caprichosa o arbitraria, está justificado, pero podemos andar como cualquier ciudadano común, podemos ir en autobús, vuelo, en nuestros propios vehículos”, agregó Aguilar.
Hasta ahora, el proceso para la compra de las camionetas no ha sido publicado en el Portal de Transparencia de la Corte, el cual tampoco ha actualizado sus contrataciones en general desde septiembre pasado, cuando inicio la nueva integración.
Aguilar insistió en que la austeridad no implica que la Corte no tenga lo mínimo para funcionar. Para 2026, la SCJN tiene el mismo presupuesto nominal de 2025, es decir, 5 mil 208 millones de pesos.
“Si austeridad va a ser no gastar un peso, pues la Corte y el Poder Judicial se van a paralizar”, lanzó Aguilar. “Austeridad implica responsabilidad en el uso del dinero del pueblo, sin afectar el funcionamiento de la institución”.
