- La Contraloría Municipal de Benito Juárez informó que, durante las primeras semanas de 2026 se remitieron entre seis y ocho expedientes de servidores públicos a la Fiscalía General del Estado o al Tribunal de Justicia Administrativa.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- La Contraloría Municipal de Benito Juárez informó que, durante las primeras semanas de 2026 se remitieron entre seis y ocho expedientes de servidores públicos a la Fiscalía General del Estado o al Tribunal de Justicia Administrativa.
Estos casos corresponden a presuntas irregularidades catalogadas como faltas graves bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas, las cuales incluyen el desvío de recursos, tráfico de influencias, contratación indebida y enriquecimiento oculto.
Hilario Timoteo Gutiérrez Valasis, contralor municipal, precisó que estos procedimientos dan continuidad a la estadística de 2025, año que cerró con aproximadamente 70 funcionarios sancionados.
La cifra que integra tanto resoluciones internas de la Contraloría como expedientes turnados a tribunales externos.
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En cuanto a la captación de denuncias, la dependencia recibe un promedio de entre cinco y ocho reportes semanales.
La mayoría de las quejas ciudadanas se originan por demoras en trámites, burocracia excesiva o deficiencias en el trato por parte del personal, particularmente durante periodos de alta afluencia como las jornadas de pago del predial.
Los casos considerados como “faltas no graves” se resuelven mediante amonestaciones, suspensiones o inhabilitaciones temporales decididas por la autoridad municipal.
Para las faltas graves, la competencia recae en el Tribunal de Justicia Administrativa, instancia facultada para imponer sanciones que van desde la destitución y sanciones económicas hasta la inhabilitación definitiva.
El contralor subrayó que la clasificación de cada expediente depende estrictamente de las pruebas aportadas durante la fase de investigación.
Respecto al proceso de denuncia, Gutiérrez Valasis enfatizó la necesidad de que la ciudadanía aporte elementos probatorios como grabaciones, fotografías o registros de mensajería para facilitar la identificación del funcionario.
“Tenemos que hablar y concientizar al ciudadano, porque a veces hay cierto temor, pero hay que dejarle ver que es un proceso que se sigue con todo sigilo y con toda la protección al denunciante.
“Que en la medida que nosotros avanzamos con el servidor público, el ciudadano vea que sus denuncias tienen carácter de anónimas y que pueden tener trato directo con el investigador”, declaró.
La Contraloría indicó que, aunque los procesos jurídicos pueden extenderse por varios meses, se mantiene un protocolo de comunicación con los denunciantes para informarles sobre el estatus de sus expedientes.
Garantizar en todo momento la privacidad y el anonimato de quienes señalan actos de corrupción o mala conducta administrativa.
