- El secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo intensificó las jornadas de prevención del delito en escuelas de nivel básico y bachillerato.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El secretariado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo intensificó las jornadas de prevención del delito en escuelas de nivel básico y bachillerato.
Adrián Martínez Ortega, titular de la dependencia, informó que estas pláticas han permitido que estudiantes se acerquen a trabajadores sociales para exponer situaciones que consideran posibles conductas delictivas de las cuales son víctimas.
Señaló que, con el fin de proteger la identidad de los menores y la integridad de los planteles, el personal especializado analiza cada queja para determinar si los hechos corresponden a un delito tipificado o si se trata de faltas al marco de convivencia escolar.
A los alumnos que exponen casos se les brinda acompañamiento y asesoría legal con el objetivo de generar certeza y confianza entre la comunidad estudiantil.
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Asegura que cada situación es atendida para sancionar los casos que lo requieran y evitar la impunidad en agresiones contra los estudiantes.
Esta estrategia de seguridad se desarrolla tras un 2025 marcado por altos índices de indisciplina en la capital del estado.
De acuerdo con datos de la Asociación de Padres de Familia, encabezada por Noemí Manzanilla Pérez, el año pasado se registraron al menos tres mil 253 incidencias bajo el indicador de conductas indisciplinarías,
De estos reportes mil 851 casos fueron considerados leves; mil 119 casos de nivel importante y 283 casos graves; estos últimos referentes a daño físico o moral a terceros, así como posesión, consumo o distribución de sustancias ilícitas y participación en robos.
La persistencia de estas conductas graves, que sumaron al menos 200 incidencias críticas directamente relacionadas con la seguridad escolar, motivó en 2025 nuevos intentos, sin éxito, por reactivar el “Operativo Mochila” en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).
No obstante, la implementación de esta medida sigue enfrentando retos logísticos y legales para su aplicación formal en las escuelas del sur del estado, sobre todo ante la percepción de violación a los derechos humanos de los alumnos.
