- La Suprema Corte ha fungido como árbitro de conflictos políticos institucionales desde hace al menos tres décadas.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se dirimen disputas políticas entre poderes para ver ‘quién manda’, los resultados rara vez son absolutos: hay triunfos parciales, derrotas estratégicas y, en muchos casos, pérdidas compartidas, así lo evidencian tanto resoluciones recientes del máximo tribunal del país como la nutrida agenda de controversias entre poderes y niveles de gobierno por resolver durante los siguientes días.
Lejos de ser un fenómeno nuevo, la Corte ha fungido como árbitro de conflictos políticos institucionales desde hace al menos tres décadas. Sin embargo, lo que hoy marca diferencia es el ritmo: el máximo tribunal ha comenzado a desahogar un rezago importante de asuntos acumulados, en un contexto político caracterizado por la fragmentación del poder y la confrontación entre gobiernos de distinta filiación. Y todo indica que esa carga de litigios no disminuirá.
El caso de Nuevo León es uno de los ejemplos más claros de esta serie de disputas por ver ‘quién manda’. El gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ha enfrentado a un Congreso dominado por PRI, PAN y Morena, en una disputa constante que ha pasado del terreno político al jurídico. La estrategia del Ejecutivo estatal ha sido recurrir de forma sistemática a controversias constitucionales para frenar decisiones legislativas. Pero los resultados han sido adversos.
Por ejemplo, en la controversia constitucional 240/2023, la Corte resolvió respaldar al Congreso local frente al reclamo del gobernador, quien sostenía que se había vulnerado su derecho de veto. El conflicto surgió tras reformas a la Ley Orgánica del Legislativo que permiten a una comisión revisar y desechar las observaciones del Ejecutivo a los decretos aprobados.
Para Samuel García, ese mecanismo anulaba en los hechos su capacidad de control dentro del proceso legislativo. Para el Congreso, en cambio, era una forma de evitar bloqueos sistemáticos. La Corte se inclinó por esta última interpretación: determinó que los diputados actuaron dentro de sus facultades y que el modelo no elimina el veto, sino que regula su trámite. El resultado fue una derrota jurídica para el gobernador y un respaldo institucional para el Legislativo.
No fue el único revés. La semana pasada, en una misma sesión, la Corte resolvió un paquete de diez controversias y acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo estatal contra decisiones del Congreso relacionadas con nombramientos clave, como el del Auditor General y el titular de la Fiscalía Anticorrupción, así como reformas legales en materia hacendaria. Varios de esos juicios fueron desechados tras el desistimiento del propio gobernador, lo que evidenció el desgaste de una estrategia basada en la litigación constante.
En los hechos, el saldo para el Ejecutivo de Nuevo León ha sido limitado: múltiples impugnaciones, pocos resultados favorables y un Congreso que mantiene el control de decisiones clave. La batalla jurídica no logró revertir la correlación política.
Un escenario distinto, pero con lógica similar, se observa en la Ciudad de México. Aquí, la disputa no es entre Ejecutivo y Congreso, sino entre el gobierno central y alcaldías gobernadas por la oposición.
Entre los casos pendientes, próximamente, la Suprema Corte debe resolver el conflicto suscitado por las reformas al Reglamento de Construcciones capitalino que ‘buscan’ centralizar los trámites urbanos mediante una plataforma digital.
Cinco alcaldías llevaron el caso ante la Corte al considerar que la medida invadía sus facultades. El gobierno capitalino defiende la reforma como un paso hacia la modernización administrativa. De acuerdo con los proyectos de sentencia en estos cinco casos, el ministro ponente propone una solución intermedia.
El tribunal propone invalidar las disposiciones que obligaban a concentrar los trámites exclusivamente en la plataforma digital, al considerar que afectaban la autonomía de las demarcaciones. Pero también busca validar otros aspectos del modelo, permitiendo que el gobierno mantenga parte de su esquema de digitalización.
El resultado fue un fallo sin vencedores absolutos: las alcaldías recuperaron margen de actuación, pero el Ejecutivo conservó herramientas clave de gestión. Ambos casos reflejan una misma constante: la Corte no resuelve para otorgar el control total a una de las partes, sino para restablecer equilibrios.
