- A pesar de las campañas gubernamentales contra la corrupción, las micro, pequeñas y medianas empresas siguen experimentando dicho delito, sobre todo en el ámbito municipal.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de las campañas gubernamentales contra la corrupción, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) siguen experimentando dicho delito, sobre todo en el ámbito municipal.
Si bien con la digitalización de los procesos y trámites a nivel federal se pretende inhibir esta práctica, en los municipios se presenta de manera cotidiana.
Jaleyna de la Peña, presidenta de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que cuatro de cada 10 empresas afiliadas al organismo han reportado que han vivido al menos un acto de corrupción en el último año.
Comentó que ya no solo es el pago de una cantidad para agilizar trámites o permisos, sino que ya se piden aportaciones en especie.
“No estamos hablando de grandes escándalos, sino de prácticas muy concretas y muy frecuentes como solicitudes de pagos indebidos para agilizar trámites, requisitos excesivos, todo lo que es directamente en ventanilla.
“Ya no es extorsión como cobro de piso, ha estado mutado; en algunos casos, se da con permisos, licencias, sobre todo en área municipal, que es donde estamos recibiendo mayores reportes.
“Ya no piden el moche, piden la aportación de algunas cosas en especie. ¿Qué le vas a aportar al ayuntamiento?, te dicen”, explicó la entrevistada.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, opinó que familias y empresas siguen pagando un alto costo por actos de corrupción.
Expuso que, aunque hay esfuerzos de digitalización de trámites y servicios, existen amplias diferencias entre el Gobierno federal, los estados y los municipios.
“Ejemplo de ello son las licitaciones de Gobierno. Hay más de 120 formas distintas de venderle al Estado mexicano, pero no solo eso, a lo largo del País sigue habiendo incontables escándalos de corrupción en la contratación pública. Y a nivel municipal cada vez es más frecuente escuchar que se entregan contratos a empresas vinculadas con el crimen organizado”, consideró.
Agregó que otro tema frecuente es la extorsión federal y estatal.
“En muchas áreas de Gobierno y en distintos estados del País, el marco regulatorio no sirve para incentivar la inversión y el crecimiento con inclusión social, sino para extorsionar a las empresas.
El caso de Tequila, Jalisco, donde se documentó extorsión para reducir o condonar el pago de predial, está lejos de ser aislado, recalcó.
Añadió que otro sector especialmente vulnerable es el aduanero, donde la aplicación de la ley es selectiva y donde también se han documentado prácticas frecuentes de extorsión.
“El tema de extorsión se agrava con la que proviene del crimen organizado, donde la corrupción de autoridades estatales o locales, hace que las redes criminales operen con mayor libertad agregando costos al funcionamiento de las empresas que termina pagado el consumidor final”, explicó.
