- La gobernadora Rocío Nahle García planteó que su administración podría absorber la deuda de bursatilización que mantienen municipios veracruzanos.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- La gobernadora Rocío Nahle García planteó que su administración podría absorber la deuda de bursatilización que mantienen municipios veracruzanos.
Esto, bajo un esquema financiero heredado desde el sexenio de Fidel Herrera, con el objetivo de aliviar la presión presupuestal en los ayuntamientos.
De acuerdo con la mandataria, el plan consiste en que el gobierno estatal recompraría la deuda a los tenedores financieros, para posteriormente reestructurar los pagos bajo condiciones más favorables para los municipios, como tasas más bajas y esquemas enfocados a la reducción del capital.
La bursatilización es un modelo mediante el cual los municipios comprometieron ingresos futuros –principalmente participaciones federales– a cambio de financiamiento inmediato.
Este esquema ha sido señalado por mantener a los ayuntamientos en un ciclo de pagos prolongados, con alta carga de intereses.
Rocío Nahle señaló que, aunque la deuda original rondaba los mil 500 millones de pesos, los municipios han pagado más del doble sin reducir significativamente el capital, lo que ha limitado su capacidad de inversión en obra pública y servicios.
El planteamiento estatal busca que los municipios dejen de pagar a intermediarios financieros y, en su lugar, liquiden sus compromisos directamente con el gobierno estatal bajo nuevas condiciones, incluso con la posibilidad de subsidios parciales.
El esquema de bursatilización fue implementado en Veracruz durante administraciones anteriores como una herramienta para obtener liquidez inmediata, pero con el paso del tiempo se convirtió en una carga estructural para las finanzas municipales.
Diversos análisis han señalado que este modelo compromete ingresos a largo plazo y reduce el margen de maniobra presupuestal, particularmente en municipios con menor capacidad recaudatoria.
Actualmente, la mayoría de los ayuntamientos del estado mantienen algún nivel de compromiso bajo este esquema, lo que ha derivado en críticas por su sostenibilidad financiera.
El gobierno estatal ha planteado que la reestructuración permitiría reducir el pago de intereses, acelerar la amortización del capital, liberar recursos municipales para inversión social y obra pública, así como establecer un horizonte de liquidación hacia el final del sexenio.
Desde esta perspectiva, la medida se presenta como un intento de corregir distorsiones financieras heredadas y fortalecer la capacidad operativa de los municipios.
No obstante, la propuesta ha generado dudas entre analistas y actores políticos, quienes advierten que el esquema podría trasladar la carga financiera al gobierno estatal.
Entre los principales cuestionamientos destacan la falta de información detallada sobre el costo total de la recompra, la ausencia de claridad respecto a la fuente de financiamiento, el posible impacto en los indicadores de deuda pública estatal y la necesidad de que cada municipio apruebe su incorporación al esquema.
Especialistas en finanzas públicas subrayan que, si bien la medida podría aliviar a los municipios, también implica riesgos si no se acompaña de disciplina fiscal y transparencia en su implementación.
La propuesta tiene alcance en prácticamente todo el territorio veracruzano, al involucrar a cerca de 200 municipios que han enfrentado restricciones presupuestales derivadas de este modelo financiero.
En ese contexto, el planteamiento abre un debate sobre la viabilidad de reestructurar deudas históricas sin comprometer la estabilidad financiera del estado.
