- Las reformas federales aprobadas para impedir los cigarrillos electrónicos y vapeadores quedaron en letra muerta.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Las reformas federales aprobadas para prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores quedaron en letra muerta.
Incluso, en algunos puntos del Centro Histórico, este tipo de artículos son ofrecidos por vendedores ambulantes.
A mediados de enero, luego de que la medida se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció el retiro de más de 50 mil vapeadores que se vendían de manera ilegal.
Pese a esto, en un recorrido por calles del centro histórico se constató la venta de estos aparatos en puntos como Génova, entre la Glorieta de Insurgentes y la avenida Paseo de la Reforma, y la avenida Izazaga, entre Pino Suárez e Isabel la Católica, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc.
Estos productos se exhiben sobre mesas o telas extendidas en el suelo, entre otras mercancías variadas, como dulces, fundas para celulares, cigarros tradicionales, paraguas, bisutería, maquillaje o junto a alimentos chatarra.
En Génova, en la Zona Rosa, se constató que estos productos se comercializaban a la vista de funcionarios y policías que realizan recorridos en el área.
Los precios van desde los 30 pesos hasta los 800 pesos. En sus empaques no se incluyen los componentes y algunos sólo muestran dibujos y símbolos asiáticos.
Comerciantes informales explicaron que conocen sobre la prohibición y que la comercialización es ilegal.
Para mantener su venta, han implementado medidas como vigilar en caso de que se lleven a cabo operativos y, en dado caso, los puestos que los ofertan se retiren para evitar sanciones.
“Sabemos que ya se aprobó la ley que dice que ya no se pueden vender. Por lo menos si ando en la calle fumando no me dicen nada, pero venderlos no se puede, dicen, pero la gente me pide y me pide.
“Si a mí me dicen de arriba, guárdalos, mejor los guardo. Ya si me agarran de sorpresa y me quitan, no me puedo negar o poner necia, pero por eso nos avisan”, comentó una vendedora.
De acuerdo con la ley, la venta de estos productos se castiga con penas de uno a 8 años de prisión y 100 a 2 mil UMA de multa.
Otro comerciante dijo que subió los precios de cada artículo, debido a que le es más difícil conseguir la mercancía.
Detalló que anteriormente los ofrecía por un valor de entre 50 y 100 pesos, pero ahora su precio va de 250 a 800 pesos.
“Ya casi no hay de todos los que traíamos. Unos que ya no los encuentras y otros que ya salen más caros. Ya no los traigo porque no los pagan. Desde que los prohibieron se puso más caro”, dijo.
Manuel, quien es un cliente frecuente en Izazaga, reconoció que tras la prohibición únicamente le es más complejo encontrar la variedad de sabores y marcas que consumía.
Relató que un puesto callejero ofrece tres piezas por 100 pesos y otros por un máximo de 250 pesos, por lo que acude cada semana para comprar al menos cinco piezas para su consumo cotidiano.
“Cuesta algo más encontrar, pero yo creo que ya volverán pronto más, a vender más, yo espero que ya no le falte mucho, muchos seguiremos comprando, no deberían prohibirte”, apuntó.
