José Réyez
El reciente Informe Anual sobre Exportaciones e Importaciones de Armas Convencionales 2025, presentado por el gobierno mexicano ante la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU, revela que México se ha convertido en un importador masivo de armamento legal. Sus compras récord en 2025 incluyen desde pistolas de alto calibre hasta 5 mil 32 lanzacohetes antitanque RPG-75M.
La pregunta que surge es inevitable: mientras el Estado mexicano se arma con tecnología israelí, checa y estadounidense, ¿qué garantías existen de que ese arsenal no termine en las mismas manos criminales que dice combatir?
Según el informe del Small Arms Survey con sede en Suiza (actualización 2025), México ocupa el tercer lugar mundial en número total de armas de fuego en posesión de civiles, sólo superado por Estados Unidos (393 millones) y la India (71 millones).
Con más de 16.8 millones de armas, nuestro país supera a Brasil, Rusia y Alemania en términos absolutos. Lo grave es que el 90 por ciento de ese arsenal es ilegal o no está registrado.
En materia de decomisos anuales, México también figura entre los cinco primeros del mundo: la Sedena reporta un promedio de 30 mil a 40 mil armas aseguradas al año, la mayoría en operativos contra el crimen organizado.
Sin embargo, el flujo ilegal desde Estados Unidos supera con creces esa capacidad de confiscación.
El otro lado de la moneda
El Informe ATT 2025, presentado el 1 de junio de 2026 por la SRE revela un panorama contrastante.
Mientras México no exportó armas pesadas (tanques, artillería o aeronaves de combate), sus importaciones superaron con creces los envíos al exterior.
Las cifras son elocuentes: 11 mil 173 pistolas y revólveres importados desde Estados Unidos (Sig Sauer, Colt, Glock), Brasil (Taurus), Israel (IWI), Italia (Beretta), República Checa (CZ), Eslovaquia y Turquía; 4 mil 30 fusiles y carabinas, principalmente de Estados Unidos, Italia, Turquía y República Checa; 8 mil 96 fusiles de asalto, casi todos de Israel (6 mil 246 unidades) y Turquía (1 mil 850); 200 ametralladoras ligeras, también de origen israelí; 5 mil 32 lanzacohetes antitanque RPG-75M calibre 68 mm, fabricados por Zeveta Ammunition de la República Checa, destinados exclusivamente a personal militar.
El informe aclara que estos equipos están destinados a corporaciones de seguridad pública, personal militar (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) y, de manera relevante, a 7 mil 115 civiles con fines de tiro deportivo y recreativo.
El problema no es que México se arme legítimamente. Es que existan las garantías suficientes de que ese arsenal legal no termine desviado hacia el mercado negro.
Los lanzacohetes RPG-75M, capaces de destruir vehículos blindados, son un ejemplo extremo.
Detrás de esta estadística se esconde una realidad ineludible: el arsenal de los cárteles mexicanos, que les permite desafiar al Estado con poderío militar, proviene en su abrumadora mayoría de Estados Unidos.
Este flujo constante de armas, que expertos denominan el “río de hierro”, es la gasolina que enciende la guerra contra el narcotráfico y la violencia endémica que desangra a la nación.
La pregunta que debería resonar en ambos lados de la frontera es: ¿cómo es posible que, mientras México sufre, el principal proveedor de su violencia sea su socio comercial más importante?
La seguridad de México no se resolverá únicamente con el despliegue de la Guardia Nacional o con el encarcelamiento y extradición de capos.
Se requiere una acción decidida desde el país que fabrica y vende las herramientas del crimen. Mientras el “río de hierro” siga fluyendo sin control, la paz en México seguirá siendo una quimera y el número de muertos, una estadística imparable.
Mientras las cifras de posesión de armas en México sigan creciendo y el flujo ilegal desde Estados Unidos no se detenga, las estadísticas de homicidios seguirán siendo nuestro verdadero ranking mundial: el de la sangre derramada por un “río de hierro” que nadie logra represar.
