Zósimo Camacho
En los últimos días, en dos actos, se traza lo que ya se vislumbra como la apología de las Fuerzas Armadas Mexicanas en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Primero, el 7 de julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar la creación de la Comisión para la Verdad sobre el caso. Dos días después, el 9, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo pública una nueva recomendación acerca del crimen de Estado cometido contra alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014 y días subsiguientes.
En el primer acto, el de la SCJN, se abre la puerta para revisar toda la investigación realizada durante el sexenio pasado, que derrumbó la falsa versión de los hechos construida durante el gobierno de Peña Nieto y que se le llamó la “verdad histórica”. Por verse si desde este Poder de la Unión, con una nueva conformación que generó esperanzas entre los sectores vulnerables sin acceso histórico a la justicia, se cuestionan o se respetan las investigaciones de la Comisión de la Verdad y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Mientras tanto, en el segundo acto, la CNDH hizo pública su Recomendación 208VG/2026. Lejos de aportar a la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, parece redactada exprofeso para exculpar a las Fuerzas Armadas de su participación en el crimen de Estado más emblemático de la historia reciente de México.
El papel de la CNDH, que debería ser el baluarte de la defensa de los derechos humanos en el país, ha sorprendido a propios y extraños. Sobre todo, porque la titular del organismo es Rosario Piedra Ibarra, hermana de un luchador social desaparecido de manera forzada por el Ejército Mexicano en 1975. En efecto, de Jesús Piedra Ibarra, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, se tiene como último registro que fue sometido a torturas en la cárcel clandestina del campo Militar Número 1.
Además, la presidenta del órgano constitucional autónomo es hija de Rosario Ibarra de Piedra, una incansable luchadora social, fundadora del Comité Eureka e incorruptible madre buscadora de las personas desaparecidas. Se mantuvo en lucha, en búsqueda de su hijo y sus camaradas, hasta su muerte en 2022 a los 95 años.
Una institución encabezada por quien conoce de primera mano el horror de la desaparición forzada y la prepotencia castrense no debería, en justicia, emitir un documento que cierra las puertas a la investigación de los militares. Esa es la gran paradoja de esta recomendación.
Hay quienes ahora dicen que la CNDH está en la bancarrota moral, perdió su autonomía y dejó de estar al servicio del pueblo mexicano. Habrá que recordarles que desde su fundación y hasta 2018 nunca fue autónoma y nunca estuvo al servicio de la población. Por el contrario, fue coto del Grupo Carpizo, atravesada por el derroche y la corrupción, y estuvo encabezada por políticos con perfiles más policiacos que de defensores de derechos humanos.
De ahí, la decepción de una recomendación apresurada y con tintes de haber sido genera con la consigna de exculpar a las Fuerzas Armadas Mexicanas, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) como de la Secretaría de Marina (Semar).
Las señales de que nada caminaba por buen camino, sin embargo, comenzaron desde hace unos cuatro años. La investigación que llevó a esta recomendación fue saboteada desde su origen. Vayamos por partes.
En octubre de 2021, Rosario Piedra Ibarra, ordenó la creación de una Dirección Especial para investigar nuevos hechos del caso Ayotzinapa. Al frente colocó a Alejandro Martínez Martínez, un abogado y defensor de derechos humanos con experiencia en el litigio de casos de desaparición forzada. El objetivo era claro: abrir un expediente nuevo que permitiera integrar las pruebas que la anterior administración de la CNDH –la de Luis Raúl González Pérez– había ignorado o desechado en su infame Recomendación 15VG/2018.
Las altas expectativas pronto se vinieron abajo. Martínez y su equipo apenas comenzaron a trabajar cuando se toparon con un muro. De entrada, la CNDH ocultó el trabajo de investigación de la oficina con respecto de las Escuelas Normales Rurales. Se preparó una recomendación para proteger al normalismo rural desde la Constitución y las leyes mexicanas. A pesar de que el documento se redactó e incluso se dio a conocer a representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), nunca se emitió.
Los obstáculos y el acoso se recrudecieron. En marzo de 2022, finalmente el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada, y la propia Rosario Piedra removieron a Martínez de su cargo y desintegraron la Dirección Especial.
A decir del abogado, el motivo de su cese fueron las presiones del entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de diversos actores, dentro y fuera del organismo, interesados en evitar u obstaculizar la integración de un nuevo expediente que apuntara hacia el Ejército. La expectativa de que la investigación fuera profunda, autónoma e independiente, terminó en una recomendación que borra la responsabilidad militar.
Alejandro Martínez denuncia que la disolución de su Dirección vino acompañada de meses de hostigamiento laboral, procesos ante el Órgano Interno de Control, vigilancia y amenazas. La CNDH sólo dijo que el cierre de la oficina fue resultado de la “austeridad” y la “eficiencia”. Así se desmanteló un equipo que estaba dispuesto a tocar las fibras más sensibles del poder.
Para quien inició las investigaciones y fue removido por acusar al Ejército, la actual recomendación que emitió hace unos días de la CNDH: “responde a intereses contrarios a las víctimas, carece de rigor técnico y es producto de la simulación de un proceso de investigación, llevado a cabo durante más de cuatro años, con el objetivo de obstaculizar el acceso a la justicia y proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”.
Las pruebas de la participación militar, sin embargo, son contundentes. Como se recordará, el 28 de marzo de 2022 el GIEI dio a conocer un video entregado por la propia Semar. En él se observa a efectivos de la Armada de México bajando tres sacos de camionetas oficiales, haciendo una fogata y alterando pruebas en el basurero de Cocula. Queda registrada también la llegada, más tarde, de integrantes de la Defensa –elementos del Ejército– a resguardar el perímetro, junto con el entonces procurador Jesús Murillo Karam y quien se desempeñaba como titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, así como integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia, CNI).
La coordinación entre dependencias federales era evidente. No se trataba de delitos individuales, sino de una operación orquestada. Y sí, por lo menos en la creación de la “verdad histórica”, los militares son protagonistas.
La recomendación de la CNDH hace caso omiso de esta evidencia. Prefiere la narrativa de todo fue obra de “actores locales” y el “crimen organizado” para no tocar al Ejército. Olvida que la propia investigación de la Fiscalía Especial había identificado a ocho militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala, detenidos por su posible implicación en la desaparición. Entre ellos, el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
Pero la lista es más larga. Del general Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala, las investigaciones revelan que esa noche intercambió mensajes de texto con narcotraficantes de Guerreros Unidos. Las comunicaciones muestran un trato asiduo de connivencia del militar con la delincuencia organizada.
Coronel en 2014, Rodríguez Pérez, fue señalado formalmente por el Gobierno de México de haber ordenado el asesinato y desaparición de seis de los 43 normalistas. Un grupo de estudiantes permaneció con vida hasta cuatro días después de los ataques, momento en el que presuntamente fueron ejecutados bajo sus órdenes directas.
La Recomendación 208VG/2026 omite todo esto. Así, la CNDH no es el contrapeso del poder sino su comparsa.
La verdad sobre Ayotzinapa sigue sin decirse. Mientras no se investigue a fondo a las Fuerzas Armadas y al expresidente Enrique Peña Nieto, no se llegará a nada. Nunca sabremos qué pasó, los perpetradores se mantendrán en la impunidad y no habrá justicias para las madres y los padres de los alumnos desaparecidos.
Y no se resolverá otra vez un crimen de Estado, acaso porque el Estado y su Ejército siguen siendo los mismos.
