- Julio Ignacio Jáuregui Saád, dueño de una empresa contratista de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, libró en primera instancia una presunta defraudación fiscal.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Julio Ignacio Jáuregui Saád, dueño de una empresa contratista de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, libró en primera instancia una presunta defraudación fiscal de más de 15 millones de pesos, por concepto de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) en 2019.
Al estimar que la imputación carecía de méritos, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte dictó la no vinculación a proceso a Jáuregui, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de JZ LINK y a su empresa, representada en la audiencia por su apoderado legal Alfredo Martínez Hernández.
Jáuregui es el propietario de Enermex, compañía que en septiembre de 2019 anunció que iba a construir una terminal de almacenamiento con una capacidad de 10 mil barriles de combustible para la refinería de Dos Bocas, cuyo costo iba a ser de 30 millones de dólares.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a él y a su empresa de supuestamente valerse de engaños para omitir el pago del IEPS de 2019 -con excepción del mes de abril- por una suma de 15 millones 233 mil 966.05 pesos.
El asunto penal se basa en una denuncia del Servicio de Administración Tributaria que identificó que JZ LINK presuntamente emitió en forma indebida 150 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) por una suma total de 56 millones 211 mil 789.62.
Estos comprobantes se emitieron por conceptos de “Biodiesel, BRV B5 y Aditivo B5” a su cliente Grupo Herradura Occidente, en el ejercicio fiscal 2019, los cuales no se encuentran gravados para efectos del referido impuesto.
Sin embargo, cuando el SAT hizo una compulsa con el cliente, Grupo Herradura Occidente identificó que los 150 comprobantes emitidos en realidad correspondían a la venta de diésel, un producto que sí está sujeto al IEPS.
El delito atribuido se castiga con 3 a 9 años de prisión, según el artículo 108, fracción tercera, del Código Fiscal de la Federación.
El juez de control dictó la no vinculación porque estimó que el dictamen contable que presentó el imputado sobre los estados financieros de la empresa eran suficientes para acreditar que no existió el delito.
Tanto la FGR como la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ya impugnaron el fallo ante un Tribunal Colegiado de Apelación de la Ciudad de México.
