- La Comisión Permanente pidió a la Fiscalía de Nuevo León revisar presuntas triangulaciones de recursos públicos relacionadas con el gobernador Samuel García.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León revise las “triangulaciones” de recursos públicos vinculadas al Gobernador de esa entidad, el emecista Samuel García.
El dictamen, impulsado por diputadas de Morena y aprobado el pasado miércoles por la Primera Comisión -Asuntos Políticos e Internacionales-, fue avalado ayer por el pleno como parte de un paquete de 40 exhortos que pasaron sin discusión.
El punto de acuerdo exhorta a la Fiscalía estatal a actuar “con profesionalismo y estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, debido proceso, presunción de inocencia y respeto a los derechos humanos, analice los hechos relacionados con las presuntas triangulaciones de recursos públicos y gastos irregulares en publicidad vinculados al gobernador del estado de Nuevo León”.
Demanda también que, de encontrarse elementos, se lleven a cabo las indagatorias necesarias por medio de los datos de prueba conducentes, pero siempre con respeto a las personas físicas o morales que pudieran estar relacionadas con los hechos.
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“El ejercicio del gasto público debe estar sujeto a la máxima transparencia. Por lo que, las acusaciones sobre esquemas de triangulación financiera que involucran depósitos directos o indirectos hacia despachos jurídicos privados o entes vinculados a servidores públicos de alto nivel, como el del Gobernador de Nuevo León, constituyen indicios que, de acreditarse, atentarían contra la integridad institucional y ameritan una pronta aclaración ministerial por parte de la autoridad competente”, se argumenta.
Establece que los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que señalan la existencia de más de 4 mil millones de pesos pendientes de solventar, las investigaciones periodísticas dadas a conocer, las denuncias presentadas y la magnitud de los montos observados, hacen jurídicamente procedente que la Comisión Permanente, en ejercicio de sus atribuciones de control y vigilancia del gasto público, exhorte a la Fiscalía a analizar e investigar el caso.
“La Comisión dictaminadora está plenamente convencida de la urgencia institucional de la procedencia del presente dictamen en el cumplimiento estricto del ordenamiento legal mexicano vigente, priorizando el combate irrestricto a la corrupción y a la correcta fiscalización de los fondos públicos”, plantea.
