- La cifra de víctimas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el centro y oeste de Colombia aumentó a 319 personas fallecidas, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
BOGOTÁ, COLOMBIA.- La cifra de víctimas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el centro y oeste de Colombia aumentó a 319 personas fallecidas, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en un nuevo balance sobre la emergencia.
El reporte de la dependencia también contabiliza 4 mil 469 personas heridas; 260 desaparecidas y 364 rescatadas; además de una devastación material que incluye más de 30 mil 800 viviendas destruidas, cerca de 152 mil afectadas y más de 300 edificios colapsados.
Ante la magnitud de los daños, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella firmó un decreto de emergencia económica, social y ecológica para atender a las víctimas, acelerar la reconstrucción y responder a las necesidades de las provincias afectadas por el sismo.
“No se trata solo de reconstruir viviendas, sino de recuperar comercios e infraestructura pública esencial como escuelas, hospitales y obras indispensables para la vida de las comunidades”, señaló el mandatario en declaraciones recogidas por Radio Caracol de Colombia.
Sin embargo, De la Espriella reconoció que la reconstrucción se realizará en un contexto financiero complicado.
“En condiciones financieras normales, buena parte de los efectos inmediatos de una tragedia de esta magnitud podrían enfrentarse usando los instrumentos ordinarios del Estado, y ampliando apropiaciones al Presupuesto General de la Nación”, señaló, al advertir que Colombia enfrenta “una realidad fiscal extraordinariamente difícil”.
La emergencia ocurrió apenas tres días después del inicio del mandato del nuevo presidente colombiano, quien ha sido cuestionado por sectores opositores debido a su falta de experiencia política y por asumir el cargo sin un proceso de transición gubernamental conocido como “empalme”.
Durante las primeras horas posteriores al terremoto, el director del gobierno anterior en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, permaneció al frente de la respuesta institucional y fue uno de los principales voceros ante los medios.
Pese al cambio de administración, representantes internacionales destacaron el funcionamiento de las instituciones colombianas durante la emergencia.
“En estas difíciles circunstancias las instituciones colombianas han actuado bastante bien. Todas las instituciones han funcionado”, afirmó María José Torres Macho, la representante de mayor rango de Naciones Unidas en Colombia.
La funcionaria señaló que la cooperación de la ONU con las autoridades colombianas no se vio afectada por la transición política.
No obstante, la gestión del nuevo gobierno ha recibido críticas por la comunicación oficial durante la crisis. Algunos medios internacionales señalaron dificultades para acceder a funcionarios, realizar preguntas de seguimiento y obtener información centralizada, mientras que en los primeros días de la emergencia la Asociación de Capitales de Colombia (Asocapitales) se convirtió en una de las principales fuentes informativas para periodistas.
Uno de los mayores cuestionamientos surgió por la respuesta inicial del gobierno colombiano a la ayuda internacional. Tras el terremoto, Bogotá rechazó en un primer momento la llegada de algunos equipos extranjeros de rescate y solicitó principalmente suministros humanitarios y especialistas.
Posteriormente, Colombia aceptó apoyo de equipos provenientes de países como Estados Unidos e Israel, decisión que generó críticas y acusaciones de que las afinidades políticas pudieron influir en la selección de la ayuda internacional. Después de ello, también se abrió la posibilidad de recibir apoyo de otros países, incluido México.
El medio alemán FAZ.NET analizó la polémica sobre la selección de equipos de rescate y señaló que, inicialmente, Colombia solicitó oficialmente apoyo de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, bajo el argumento de que contaban con las certificaciones requeridas para operaciones especializadas.
“Mientras que Caracas permitió la entrada al país de equipos de rescate de países ‘políticamente rivales’ en junio, el nuevo gobierno colombiano adoptó un enfoque mucho más selectivo”, publicó el medio alemán.
El análisis también destacó que organismos como Naciones Unidas y la brigada mexicana de rescate Topos señalaron que no habían recibido solicitudes oficiales de asistencia durante los primeros momentos de la emergencia.
La controversia ocurre mientras el gobierno colombiano enfrenta el desafío de atender una crisis humanitaria de gran escala. Según un reporte de Naciones Unidas difundido después del terremoto, alrededor de 1.2 millones de personas requieren asistencia humanitaria.
A diez días del sismo, algunas comunidades permanecían sin recibir ayuda suficiente y miles de familias continuaban sin certeza sobre si podían regresar a sus viviendas; mientras las lluvias complican las condiciones de quienes permanecían en refugios temporales.
La emergencia representa la primera gran prueba nacional para el gobierno de De la Espriella, que ahora enfrenta el reto de coordinar la reconstrucción, garantizar la atención a damnificados y recuperar la confianza institucional en medio de una de las mayores tragedias naturales recientes del país.
