- La Suprema Corte abrió un espacio de discusión sobre los derechos de las comunidades afrodescendientes, un sector que representa alrededor del 2% de la población nacional y que continúa enfrentando barreras en educación, salud, empleo, justicia y reconocimiento social.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- En México viven alrededor de 2.6 millones de personas que se reconocen como afromexicanas o afrodescendientes, una población equivalente a dos de cada 100 habitantes del país que, pese a su peso demográfico y a su presencia histórica, continúa enfrentando discriminación, pobreza, exclusión y dificultades para acceder plenamente a derechos básicos.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, 2 millones 576 mil 213 personas se identificaron como afrodescendientes, equivalente al 2% de los 126 millones de habitantes contabilizados entonces. Fue además la primera ocasión en que un censo nacional incluyó una pregunta específica de autoidentificación afromexicana o afrodescendiente.
La dimensión de esa población fue uno de los ejes del Conversatorio Raíces Afrodescendientes, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Frente Nacional de Personas Juzgadoras, con motivo del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes.
El encuentro buscó analizar la protección constitucional, el acceso a la justicia y el reconocimiento efectivo de derechos de comunidades que durante décadas permanecieron prácticamente ausentes de buena parte del relato institucional del país.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, organizador del encuentro, destacó precisamente que México mantiene una deuda histórica con las personas afrodescendientes y recordó que alrededor de 2.6 millones de mexicanas y mexicanos forman parte de estas comunidades.
Sin embargo, el problema va mucho más allá del reconocimiento estadístico, ya que aunque existe una fuerte asociación histórica entre la población afromexicana y las costas de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, los datos del INEGI muestran que actualmente está distribuida en las 32 entidades federativas.
Poco más de la mitad —51.9%— se concentra en seis estados: Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco. Guerrero reúne 11.8% de la población afrodescendiente nacional; Estado de México, 11.5%; Veracruz, 8.4%; Oaxaca, 7.5%; Ciudad de México, 7.3%, y Jalisco, 5.4%.
Tales cifras rompen también con la idea de que las comunidades afrodescendientes constituyen únicamente una población localizada en determinadas regiones costeras. Se trata de millones de personas presentes tanto en comunidades rurales como en grandes zonas metropolitanas.
Y pese a esa presencia, durante buena parte de la historia contemporánea del país han sido prácticamente invisibles para las estadísticas oficiales y para numerosas políticas públicas.
Durante el conversatorio, el ministro Irving Espinosa Betanzo advirtió que el reconocimiento constitucional debe entenderse apenas como un punto de partida.
“Las desigualdades no terminan en el papel constitucional, sino que se resienten en la vida cotidiana”.
La advertencia coincide con diagnósticos oficiales sobre discriminación. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha señalado que las comunidades indígenas y afromexicanas enfrentan discriminación estructural que restringe el ejercicio de derechos en ámbitos como salud, educación y justicia, además de limitar el acceso a servicios y oportunidades de desarrollo.
Datos utilizados por Conapred sobre población afromexicana han mostrado además que 27% reportó la negación de algún derecho y 22% manifestó haber experimentado discriminación, indicadores que exhiben un problema que no desapareció con su incorporación al texto constitucional.
El racismo constituye una de las expresiones más visibles de esa desigualdad, pero no la única. A éste se suman la precariedad laboral, menor acceso a determinados servicios públicos, rezagos educativos, pobreza, dificultades para ejercer derechos territoriales y obstáculos para acceder al sistema de justicia.
El diagnóstico oficial utilizado para la planeación nacional reconoce que los pueblos indígenas y afromexicanos continúan enfrentando altos niveles de pobreza, marginación y dificultades de acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda adecuada.
También identifica barreras de participación política y social, problemas de empleo, desigualdad educativa y situaciones particularmente adversas para las mujeres de estas comunidades. A ello se agregan conflictos territoriales, desplazamientos forzados y violencia en determinadas regiones.
En México, una persona afromexicana puede enfrentar discriminación por su tono de piel o características físicas y, simultáneamente, encontrarse en condiciones económicas o territoriales que dificultan su acceso a escuelas, hospitales, empleos formales o instituciones judiciales.
Ante ellos, los participantes en el encuentro coincidieron que el desafío ya no consiste únicamente en que el Estado reconozca su existencia sino en convertir ese reconocimiento en políticas públicas, presupuesto, acceso institucional y resoluciones judiciales capaces de atender las condiciones particulares de estas comunidades.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra sostuvo durante el encuentro que uno de los principales retos del Poder Judicial consiste en garantizar una interpretación constitucional que reconozca la diversidad cultural del país.
La Constitución mexicana reconoce actualmente a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la Nación, aunque la Suprema Corte pretende llevar esa disposición al terreno cotidiano de los tribunales.
El conversatorio incluyó por ello el análisis del Protocolo para Juzgar con Perspectiva Intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Afrodescendientes y Afromexicanas, herramienta destinada a que jueces y magistrados tomen en consideración condiciones culturales, sociales e históricas específicas al resolver controversias.
También se discutió la consulta nacional sobre una propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como problemáticas relacionadas con racismo, marginación, pobreza y discriminación.
