- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) promueve reformas legales y la creación de protocolos de actuación para sancionar a quienes formulen acusaciones falsas de abuso o acoso contra los docentes en el desempeño de sus funciones.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) promueve reformas legales y la creación de protocolos de actuación para sancionar a quienes formulen acusaciones falsas de abuso o acoso contra los docentes en el desempeño de sus funciones.
Además, plantean establecer mecanismos de reparación del daño moral causado a los profesores.
El secretario general de la Sección XXV del SNTE en Quintana Roo, Arimael Salas Alcocer, explicó que la estrategia legal se desarrolla de manera simultánea en los ámbitos federal y estatal.
A nivel nacional, el dirigente sindical y senador Alfonso Cepeda Salas presentó una iniciativa legislativa para tutelar la certidumbre jurídica del personal educativo.
En el ámbito local, la representación del gremio busca reformas en la XVII Legislatura del Congreso del Estado y la elaboración de protocolos de protección docente junto a la Secretaría de Educación estatal.
Salas Alcocer argumentó que el marco normativo actual de convivencia escolar en el estado regula únicamente las conductas orientadas a los estudiantes, lo que deja desprotegido al personal académico ante señalamientos sin sustento que derivan en detenciones, afectaciones morales y la exposición pública de los docentes.
El dirigente magisterial señaló que en lo que va del presente año se han documentado tres casos de este tipo en la entidad.
Citó como ejemplo un hecho registrado en Playa del Carmen, donde un directivo fue detenido y exhibido de forma pública antes de que las autoridades descartaran las imputaciones vertidas en su contra, obligando a su reubicación laboral por razones de seguridad.
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación, desde el 2024 se han registrado 75 casos de docentes denunciados en Quintana Roo, de los cuales 12 fueron vinculados conforme a los procesos establecidos.
Todos los casos son atendidos bajo los protocolos de maltrato escolar, con la apertura de investigaciones y el levantamiento de actas administrativas, garantizando el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como del personal involucrado.
En el marco de la problemática expuesta por el gremio educativo en Quintana Roo, diversas secciones del SNTE y dependencias de educación en el país han documentado la recurrencia de denuncias infundadas hacia el personal escolar.
Reportes de secciones magisteriales en estados como Jalisco coinciden en que entre 85 y 90 por ciento de las quejas o denuncias iniciadas administrativamente contra docentes en educación básica no encuentran elementos de prueba suficientes y terminan declarándose improcedentes.
En estados como San Luis Potosí (Sección 52) y Jalisco se han acumulado registros que van desde los 300 hasta los 400 casos de señalamientos o procesos administrativos abiertos contra profesores en periodos escolares recientes.
De estos, la mayoría han sido desestimados tras desahogarse la investigación de las autoridades correspondientes.
