José Réyez
La industria turística, uno de los motores económicos del país, se ha convertido en un ecosistema de alto riesgo para la captación y explotación de personas. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revela que más del 40 por ciento del personal de hoteles y transporte nunca ha recibido capacitación para detectar este delito, mientras las redes criminales aprovechan la movilidad masiva y la informalidad laboral.
Entre el brillo de las playas de Cancún, la vida nocturna de la Ciudad de México y la oferta cultural de Puerto Vallarta, se esconde una realidad paralela: la trata de personas.
El análisis se centró en tres destinos turísticos clave: Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo; Puerto Vallarta, Jalisco, y ocho alcaldías de la Ciudad de México. Los datos revelan una fuerte correlación entre la densidad turística y los factores de vulnerabilidad social.
Quintana Roo (Cancún) recibe cerca de 7 millones de turistas al año. El municipio de Benito Juárez registra el 65.1 por ciento de todas las carpetas de investigación por trata de personas en el estado. La informalidad laboral alcanza el 42.7 por ciento. Y el 74.1 por ciento de la población percibe inseguridad.
Mientras, la Ciudad de México (alcaldía Cuauhtémoc), con 12 millones de turistas anuales, concentra el 52 por ciento de las 765 carpetas de investigación abiertas en las ocho demarcaciones analizadas, un total de 390 casos entre 2015 y 2025. La zona, con su alta densidad de hoteles, restaurantes y vida nocturna, se convierte en un espacio propicio para la explotación
Con respecto de Puerto Vallarta (Jalisco), este destino, con 2.4 millones de turistas, enfrenta altos niveles de pobreza (32.1 por ciento) e informalidad (46.9 por ciento).
Durante el Mundial 2026, Jalisco pasó del cuarto al segundo lugar nacional en reportes de trata, lo que evidencia el impacto de los grandes eventos en la demanda de explotación sexual.
El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) titulado Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México, revela que el sector turístico se ha convertido en un “ecosistema de alta exposición” para las redes de explotación. El estudio, el primero en su tipo en analizar la relación directa entre el turismo y la trata de personas, fue presentado el pasado 31 de agosto. Sus hallazgos son alarmantes y dibujan un panorama donde el conocimiento teórico del delito contrasta con una grave falta de preparación operativa para prevenirlo y detectarlo. Entre 2015 y 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública identificó a 9 mil 18 víctimas de trata de personas en México.
Este delito constituye, a nivel mundial, la tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo, sólo superada por el tráfico de drogas y de armas. Según el Informe Mundial sobre Trata de Personas de la UNODC, el 63 por ciento de los casos corresponden a explotación sexual, afectando principalmente a mujeres y niñas.
El estudio estima que la cifra negra de este delito en México alcanza el 93.2 por ciento, lo que significa que menos del 7 por ciento de los casos llega a investigarse formalmente. Esto se debe al miedo a denunciar, la desconfianza en las autoridades y el desconocimiento de los protocolos de actuación.
Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la existencia de una “brecha crítica” entre el conocimiento del delito y la capacidad para enfrentarlo. Si bien el 84 por ciento del personal del sector turístico afirmó tener conocimientos sobre la trata de personas, más del 40 por ciento nunca ha recibido capacitación específica para identificar señales de alerta y actuar sin poner en riesgo a una posible víctima.
El estudio revela que las herramientas internas para prevenir la trata son insuficientes. Aunque el 72.3 por ciento de los hoteles cuenta con protocolos generales de seguridad, sólo el 43.6 por ciento dispone de un protocolo específico para la trata de personas. En el sector transporte, la situación es aún más precaria, ya que apenas el 26.3 por ciento cuenta con estos mecanismos especializados.
El estudio no sólo señala deficiencias operativas, sino también amenazas estructurales. En las mesas de análisis participativo, los actores clave identificaron la corrupción institucional y la colusión entre autoridades y redes delictivas como la amenaza más crítica, con una calificación de 9.9 sobre 10. El temor a represalias y la falta de confianza en las autoridades son barreras que impiden la denuncia.
El informe no sólo diagnostica el problema Propone una hoja de ruta para convertirlo en una oportunidad de cambio. Las principales recomendaciones incluyen: cerrar la brecha en capacitación y formación práctica y obligatoria para el personal del sector, en la identificación de señales de alerta y el reporte seguro; fortalecer los mecanismos de verificación de identidad y parentesco de niños y adolescentes en hoteles y transporte; crear mesas de monitoreo que vinculen a fiscalías, sistemas de protección y el sector privado para asegurar una respuesta ágil, especialmente durante temporadas altas.
