Zósimo Camacho
Ochenta hectáreas de bosque cercadas: tierra comunal usurpada, en parte talada. Es lo primero que destaca al observar el expediente de lucha de la comunidad indígena nahua de La Cima y La Cañada. La tierra claramente es suya, como lo ha determinado una sentencia de amparo que protege su territorio. Sin embargo, la ley poco puede importar para quienes ambicionan el gran Bosque de Agua a las puertas de la Ciudad de México. Los poderosos sólo necesitan tener los amigos correctos en una zona donde el Jefe Diego sentó uno de sus reales: Huixquilucan, Estado de México.
Son 80 hectáreas rodeadas por una cerca de malla ciclónica perfectamente montada en el paraje conocido como Cerro de la Palma. Pero todo el territorio comunal está bajo asedio de inmobiliarios, políticos e, incluso, integrantes de la comunidad judía.
La justicia federal fue clara en 2017. El Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, en el expediente 454/2013-VII-B, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la comunidad de La Cima y La Cañada. Reconoció su derecho a la autoadscripción indígena y ordenó detener cualquier acto que pudiera afectar sus territorios. Pero nueve años después, esa sentencia es un papel que no detiene a nadie. Las 80 hectáreas cercadas en el Cerro de la Palma son la prueba más reciente y contundente de que el despojo no espera a que la justicia se cumpla.
El 7 de junio de este año, miembros de la comunidad encontraron la cerca. La construcción, realizada en territorio comunal, vino acompañada de una tala generalizada de árboles en toda la franja afectada. No hubo permiso, no hubo aviso, no hubo consentimiento de la asamblea. La comunidad denunció los hechos el 13 de junio ante el Juzgado Décimocuarto de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, por violación a la sentencia de amparo.
La respuesta de las autoridades fue, cuando menos, reveladora. La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, del Partido Acción Nacional (PAN), ha sido omisa. El Comisariado de Bienes Comunales de Huixquilucan, señalado como Tercero Interesado en el juicio de amparo, no concurrió al requerimiento del juez, no presentó informe alguno: sólo silencio cómplice.
La comunidad de La Cima y La Cañada logró que se reconocieran sus tierras y se separaran de la Comunidad de Huixquilucan. Ese es el origen del conflicto. El problema se agudizó con la aparición de la cerca y la información vertida a los comuneros por canales no oficiales de que esas tierras habían sido vendidas a un personaje poderoso: el arquitecto Manuel Reyero. Las versiones que comenzaron a circular entre los campesinos fue que tal venta habría sido operada, en abierta violación de la sentencia de amparo, por el Comisariado de Huixquilucan. Los comuneros no han visto documento alguno al respecto.
Quien mandó poner la cerca, Manuel Reyero, se siente tan poderoso que ha dialogado con comuneros de La Cima y La Cañada para identificarse como el dueño y constructor de esa valla. Y, según él, cuenta con documentos que acreditan la compraventa de los bienes comunales en su favor.
El arquitecto, en efecto, no es un personaje menor. Cuenta ya con propiedades en zonas boscosas de alto valor, incluido el propio Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Sólo pudo haberse hecho de propiedades ahí mediante trámites irregulares al amparo del influyentismo. Y su poder no se limita al sector inmobiliario. El pasado 18 de mayo, el senador panista Enrique Vargas del Villar presumió en su página de Facebook una fotografía con Manuel Reyero y con Diego Fernández de Cevallos. El fondo: una pintura de la Virgen de Guadalupe. El mensaje: “Fue para mí un honor estar esta tarde en la casa del arquitecto Manuel Reyero, acompañados por nuestro muy buen amigo, el Jefe Diego, Diego Fernández de Cevallos, de quienes he recibido grandes enseñanzas a lo largo de los años. Siempre es un gusto escucharlos y conversar con ellos” (sic).
Resulta que este senador Enrique Vargas, quien gobernó Huixquilucan de 2015 a 2021, es esposo de… la actual presidenta municipal, Romina Contreras. El matrimonio cumplirá en las próximas semanas 11 años decidiendo los destinos del ayuntamiento.
Diego Fernández de Cevallos, el Jefe Diego, es un político famoso por traficar influencias y por mucho tiempo ejercer poder ilegítimo al amparo de su alianza con presidentes de México, como Carlos Salinas de Gortari. Su presencia en la fotografía no es casual. Es un recordatorio de que el despojo a La Cima y La Cañada no es un conflicto local entre comunidades campesinas. Es una operación que involucra a actores políticos de primer nivel, al PAN y a los intereses inmobiliarios que ven en el bosque de la Sierra de las Cruces un negocio, no un ecosistema.
En este caso Acción Nacional está presente en todos los eslabones de esta cadena de despojo: en la presidencia municipal con Romina Contreras Carrasco, en el Senado con Enrique Vargas del Villar, y en las redes de poder que se tejen en torno a figuras como Diego Fernández de Cevallos.
El escenario es preocupante. Huixquilucan, como municipio, alberga aproximadamente 7 mil 500 hectáreas de zonas boscosas –pino, encino y oyamel– que forman parte de la Sierra de las Cruces. El 65 por ciento del territorio municipal está catalogado como área verde, una zona de recarga acuífera fundamental para toda la región de la Ciudad de México. Reportes satelitales recientes evidencian la pérdida de más de 200 hectáreas de bosque en parajes como La Cañada, Piedra Grande y la Reserva Santa Fe, víctimas de la tala y la expansión urbana.
El crecimiento de desarrollos habitacionales en Interlomas, Bosque Real y otras zonas de alta plusvalía no es casualidad. Tampoco lo es que aproximadamente el 65 por ciento de la comunidad judía que vive en México resida en Huixquilucan. El 17 de febrero de 2023, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó una ceremonia para celebrar los 70 años de relaciones México-Israel y refrendó el Acuerdo de Hermanamiento y Cooperación con el Consejo Regional de Eshkol de ese país, cuyo gobierno comete un genocidio en Palestina. En ese acto, Elias Achar Levy, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, prometió el respaldo electoral de más de 25 mil familias. Ese año, Contreras Carrasco fue reelecta para el periodo 2024-2027.
La comunidad de La Cima y La Cañada, mientras tanto, resiste. Ha mantenido el control del acceso al camino que sube al Cerro de la Palma para evitar que ingresen vehículos que faciliten la tala y la construcción en una zona protegida. Ese camino no es público: es vecinal, propiedad de la comunidad. Sin embargo, comuneros han sido denunciados ante la Fiscalía del Estado de México por ejercer ese control. La Fiscalía, en lugar de proteger a una comunidad indígena que cuenta con una sentencia de amparo favorable, ha admitido esas denuncias, con lo que afecta la propiedad agraria y viola derechos humanos.
Eulalia Velázquez Gutiérrez, víctima de amenazas, es además víctima en una denuncia penal, interpuesta como represalia por haber denunciado la venta ilícita de bienes agrarios. Ella apareció como denunciante en la indagatoria contra quienes supuestamente vendieron tierras comunales de La Cima y La Cañada.
El 9 de octubre de 2025, la Dirección General de Resoluciones Presidenciales y Expropiaciones publicó el acuerdo de iniciación del procedimiento de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales para La Cima y La Cañada. Cuarenta y cuatro años después de que la comunidad solicitara por primera vez el reconocimiento de sus tierras, el 16 de febrero de 1981, el aparato burocrático se mueve. Pero los hechos en el territorio avanzan más rápido. Las 80 hectáreas cercadas en el Cerro de la Palma son una prueba de que el despojo no espera a que la justicia resuelva.
La comunidad de La Cima y La Cañada no pide privilegios, sino que se cumpla la ley y se respete lo que la justicia ya resolvió. Y exige que las 80 hectáreas cercadas regresen a su legítimo dueño, la comunidad, y que el Comisariado de Bienes Comunales de Huixquilucan deje de vender lo que no le pertenece.
Por verse si la Fiscalía General de Justicia del Estado de México seguirá criminalizando a quienes defienden su territorio. Y si Manuel Reyero responderá ante la justicia por la tala y el despojo. La pregunta es si las autoridades estatales y federales protegerán a quienes defienden el bosque o verán para otro lado mientras los grandes intereses inmobiliarios se apoderan de un pulmón fundamental para todo el centro del país.
