- Las empresas dedicadas al desarrollo, compraventa y prestación de servicios inmobiliarios en Quintana Roo enfrentan nuevas obligaciones para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Las empresas dedicadas al desarrollo, compraventa y prestación de servicios inmobiliarios en Quintana Roo enfrentan nuevas obligaciones para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las recientes modificaciones al régimen de prevención de lavado de dinero obligan a las empresas a fortalecer sus controles y documentación desde el inicio de sus actividades, en lugar de esperar a una revisión de las autoridades para poner en orden sus procesos.
Fausto Bañuelos Sánchez, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos, explicó que uno de los principales desafíos para el sector será incorporar el cumplimiento normativo como parte de la operación diaria.
El especialista aclaró que el hecho de que un desarrollo inmobiliario quede inconcluso no significa, por sí mismo, que exista una actividad ilícita; un proyecto puede detenerse por problemas financieros, administrativos o incluso por factores externos.
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Lo importante, señaló, es que las empresas puedan demostrar de dónde provienen los recursos utilizados y cuál fue su destino, además de contar con los permisos y documentos que respalden las operaciones realizadas.
Las operaciones en preventa requieren especial atención, debido a que un proyecto puede comenzar con permisos en regla y posteriormente enfrentar dificultades económicas que impidan su terminación.
Ante este escenario, Bañuelos Sánchez recomendó a quienes pretendan comprar o invertir en un desarrollo inmobiliario investigar previamente a la empresa responsable, solicitar asesoría profesional y revisar los documentos del proyecto antes de entregar dinero.
Las obligaciones tampoco recaen únicamente en los desarrolladores o en los notarios, ya que, los asesores inmobiliarios también están sujetos a responsabilidades dentro del régimen de prevención de lavado de dinero.
“El cliente desconoce que la misma obligación que tiene el asesor inmobiliario es idéntica a la que tiene el notario”, señaló el especialista.
Esto significa que quienes participan en una operación pueden tener que identificar a sus clientes, integrar expedientes y conservar información que permita acreditar la legalidad de las transacciones.
Recordó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue reformada en 2025 y posteriormente se modificaron su reglamento y las reglas de carácter general.
Los cambios ampliaron las obligaciones para quienes realizan actividades consideradas vulnerables, entre ellas varias relacionadas con el sector inmobiliario.
De acuerdo con el especialista, las nuevas reglas modificaron 40 artículos e incorporaron otros 72, lo que aumentó de manera considerable la cantidad de disposiciones que deben conocer y aplicar las empresas sujetas a este régimen.
El reto, explicó, no necesariamente está en la imposibilidad de cumplir con las normas, sino en que algunas compañías no cuentan con personal capacitado ni con las herramientas necesarias para establecer correctamente sus controles.
