POR KUKULKAN
EN MÉXICO, cada cierto tiempo los gobiernos descubren que los catastros necesitan modernizarse. Anuncian plataformas digitales, prometen acabar con los fraudes y ofrecen certeza jurídica a los propietarios. Lo curioso es que, después de tantos intentos, las viejas irregularidades siguen encontrando dónde acomodarse.
AHORA tocó el turno a la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada por el Senado, con la promesa de poner orden en ese laberinto de escrituras, claves catastrales, registros públicos y trámites donde, en ocasiones, hasta demostrar que una propiedad es de su dueño termina siendo una aventura.
LA PROPUESTA suena razonable: conectar los catastros municipales con los registros de propiedad, establecer criterios comunes, digitalizar documentos y facilitar el intercambio de información. En teoría, menos papeles, menos errores y menos oportunidades para quienes encuentran en el desorden administrativo una lucrativa conveniencia
PERO hay un pequeño detalle: modernizar los sistemas no significa necesariamente impedir que se modernicen las prácticas de quienes los manejan. Y de eso México tiene bastante experiencia, pues no es la primera ocasión que se habla de actualizar catastros y de poner fin a los despojos.
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DURANTE años se han impulsado programas de digitalización y modernización registral, sin conseguir que desaparezcan los problemas de documentación, las inconsistencias entre dependencias y los riesgos de fraude inmobiliario. El verdadero problema no siempre está en la antigüedad de los archivos, sino en los controles institucionales, la supervisión de los funcionarios y las consecuencias para quienes manipulan información.
DESDE una computadora nueva se puede hacer más rápido un trámite, pero también una irregularidad, si nadie vigila quién modifica los datos y con qué autorización. La nueva legislación contempla una plataforma nacional y mecanismos para relacionar la información física y jurídica de los inmuebles, herramientas que podrían ayudar a detectar inconsistencias y dificultar ciertas maniobras fraudulentas.
SIN EMBARGO, ninguna base de datos, por sofisticada que sea, sustituye las auditorías, los mecanismos de denuncia y las sanciones contra quienes abusan de sus funciones. La tecnología puede cerrar puertas al fraude, pero difícilmente lo hará si quienes tienen las llaves siguen actuando sin vigilancia.
Y MIENTRAS el oficialismo presenta la reforma como un avance para dar certeza patrimonial, la oposición ha encontrado motivos para cuestionarla. Legisladores del PAN advierten sobre posibles afectaciones a la autonomía municipal, riesgos para los datos personales y la posibilidad de que catastros actualizados terminen facilitando mayores cobros del impuesto predial.
ALGUNAS preocupaciones tienen fundamento como asuntos que deben vigilarse. Centralizar o compartir información sensible exige controles de seguridad, y obligar a los municipios a modernizar sus sistemas sin recursos suficientes puede convertir una buena intención en otra carga presupuestal. Pero de ahí a presentar la ley como una maquinaria diseñada para aumentar impuestos existe una distancia considerable.
LA LEGISLACIÓN no establece aumentos automáticos del predial ni elimina las facultades municipales para determinarlo. Confundir una herramienta administrativa con una decisión tributaria futura resulta, cuando menos, conveniente para el discurso partidista. Eso no significa que los nuevos registros sean fiscalmente irrelevantes. Información más precisa podría facilitar futuras actualizaciones de valores catastrales, pero cualquier modificación tendría que seguir los procedimientos legales correspondientes.
ASÍ QUE ni la reforma garantiza acabar con los fraudes, como pudiera sugerir el entusiasmo gubernamental, ni significa que mañana todos pagarán más impuestos, como advierten algunas voces opositoras. El verdadero examen comenzará cuando los municipios tengan que implementar lo aprobado.
HABRÁ que ver quién paga la modernización, cómo se protege la información y, sobre todo, quién responde cuando una propiedad aparece con datos alterados. Porque México no necesita solamente catastros conectados. Necesita instituciones confiables.
Y SÍ ESTA reforma termina siendo otra plataforma costosa, sin controles efectivos ni responsabilidades claras, tendremos el mismo problema de siempre, pero ahora digitalizado. Después de todo, las viejas mañas también saben actualizarse. Ahí se las dejo…
