POR KUKULKAN
LA CIENCIA en México también tuvo sus alquimistas: aquellos capaces de convertir los impuestos de millones de ciudadanos en subsidios para empresas privadas. Y aunque nunca descubrieron la fórmula para transformar el plomo en oro, algunos encontraron algo bastante más rentable: conseguir que el gobierno financiara investigaciones cuyos beneficios comerciales podían terminar en bolsillos particulares. ¡Vaya descubrimiento científico!
EL ASUNTO viene a cuento por la discusión que protagonizaron las ministras María Estela Ríos González y Loretta Ortiz Ahlf en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se discutió la constitucionalidad de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, finalmente avalada por una mayoría de siete votos. El choque dejó al descubierto dos concepciones sobre el destino del dinero público: una que defiende la facultad del Estado para establecer prioridades nacionales y otra que advierte que condicionar los estímulos científicos puede vulnerar derechos fundamentales.
LA MINISTRA Ríos González puso el dedo en una llaga que durante años pocos quisieron tocar: los recursos destinados a la investigación también sirvieron para financiar proyectos empresariales cuya utilidad pública no siempre quedó suficientemente acreditada. Y ejemplos del viejo modelo sobran. El propio Conacyt operó programas para apoyar la innovación de productos y procesos industriales, incluidos proyectos del sector alimentario.
DENTRO de ese universo cabían desarrollos de pinturas, formulaciones comerciales y mejoras tecnológicas que podían incrementar la competitividad empresarial. Desde luego, desarrollar mejores pinturas o alimentos puede requerir auténtica investigación científica. El problema aparece cuando el contribuyente paga la experimentación, mientras el empresario conserva las utilidades, en virtud de que una cosa es promover el conocimiento y otra muy distinta socializar los costos para privatizar las ganancias.
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EL ARGUMENTO de la ministra Ríos no consistió en prohibir la participación empresarial, sino en cuestionar por qué el erario tendría que subsidiar negocios cuyo principal beneficiario no necesariamente es la sociedad. Del otro lado apareció Loretta Ortiz, quien sacó sus credenciales académicas como quien desenfunda una espada: investigadora nivel III, doce libros, ochenta artículos y décadas de docencia. ¡Currículum mata discurso!, pareció advertir.
ORTIZ recordó que no todas las instituciones privadas persiguen fines de lucro y defendió el derecho de sus investigadores a recibir un trato igualitario. Inclusive lanzó una advertencia particularmente severa: dejar que una dependencia gubernamental determine qué investigaciones merecen reconocimiento podría conducir al “totalitarismo”. ¡Santo microscopio de la democracia!
JUSTO aquí está precisamente el veneno del asunto. Ortiz tiene razón al defender la libertad científica, porque ningún burócrata debería convertirse en inquisidor de laboratorios, bibliotecas y universidades. Pero reconocer esa libertad tampoco significa extender cheques gubernamentales sin preguntar quién recibirá los beneficios. La ciencia necesita independencia, ciertamente, pero también transparencia. Y el dinero público requiere algo más que una bata blanca, un título académico y una factura convenientemente expedida.
TAMPOCO conviene confundir la reducción de subsidios empresariales con una política de fortalecimiento científico. Retirar apoyos cuestionables no garantiza que los recursos terminen financiando investigación básica, universidades públicas o proyectos sociales. Para demostrarlo hacen falta presupuestos, resultados y rendición de cuentas. Sería una ironía monumental acabar con los subsidios privilegiados para después condenar a los científicos a investigar cómo sobrevivir sin financiamiento.
LA CORTE declaró constitucional el modelo, pero no resolvió una pregunta mucho más incómoda: ¿cuánto conocimiento útil recibió México por cada peso entregado a intereses particulares? Y mientras alguien encuentra la respuesta, quizá convenga recordar que el presupuesto científico no es una caja registradora empresarial ni una alcancía gubernamental, porque sí nuevamente terminamos pagando con impuestos la pintura que después nos venden, habremos descubierto otra fórmula infalible: el negocio privado con patrocinio nacional. ¡Elemental, querido contribuyente!
