Marco Antonio Barrera
Hay monarquías que se derrumban entre guerras civiles o crisis económicas, otras, como las del Instituto Nacional Electoral (INE), se desploman entre brindis con champaña, balcones parisinos y contratos millonarios.
Este altar cívico que nos costó décadas de lucha ciudadana, se ha convertido en una simpática sucursal del palacio de los favores.
La postal no puede ser más grotesca ni más mexicana: mientras la consejera presidenta Guadalupe Taddei se aferra al cargo con la fuerza de un náufrago a una tabla podrida, uno de sus vástagos disfruta de la dolce vita europea junto al proveedor consentido: José Alfredo Hernández Casillas.
En el video más chapucero (grosero y de mal gusto), de los que circulan, se muestra un viaje a París del representante de la empresa contratista con Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la presidenta consejera.
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Ambos, en una suite de lujo y su balcón de un hotel de la capital francesa, destacan por un par de frases sublimes.
En una, los dos conviven y beben champán en una habitación con vista a la Torre Eiffel y al Museo del Louvre. José Alfredo Hernández exclama “¡París a tus pies, chamaquito!, mientras se dirige al joven.
En otro momento de la charla, Jorge Francisco sirve un par de copas y bebe de una ellas para luego exclamar: “¡Qué bueno está el champán de París!”. Es la radiografía perfecta del cinismo institucional.
Hay otra convivencia, pero con Taddei Zavala, en la que el contratista graba en una reunión y dice a la consejera presidenta: “Estoy tomando video a la reina”, y ella le responderle con una coquetería inofensiva: “Ay, ¡cómo eres, Alfredo!”.
Una escena digna de comedia de enredos si no fuera porque estamos hablando de la máxima autoridad encargada de garantizar la legalidad democrática del país.
La presencia de ambos en otras reuniones y eventos se ha difundido en más grabaciones y fotografías, lo que podría sostener un evidente conflicto de interés.
De esta relación habría una investigación en curso y se tendrá que esperar si se configura algún delito que perseguir y se actúe en consecuencia.
El empresario encabeza una red de compañías que ha obtenido más de 750 millones de pesos en contratos electorales de los organismos electorales federales y algunos estatales.
Para la elección judicial de 2025, obtuvo junto con su filial Corporativo Zeg, un contrato de aproximadamente $197 a $198.7 millones para el suministro de materiales e insumos electorales previo a los comicios judiciales.
En el ámbito estatal, ha obtenido otros contratos con diferentes montos y servicios con los organismos electorales de Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Sonora, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Campeche.
Desde el INE, la conducta apunta que se habrían violentado las disposiciones que rigen a los servidores públicos, en los artículos 58 y 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La normatividad impone a los funcionarios públicos a no intervenir en asuntos, contratos, licitaciones o tratos donde se tengan interés personales, familiares o de negocios.
Igualmente, donde haya relaciones de amistad estrecha con personas o empresas proveedoras.
Los artículos 7 y 49 señalan también que los servidores públicos deben conducirse sin sesgos, favoritismos ni tratos preferenciales hacia contratistas que pudiera comprometer la independencia del organismo. En el artículo 62 se contempla el uso indebido del cargo.
Por otra parte, en la Ley de Adquisiciones hay otras disposiciones se establecen disposiciones para evitar el tráfico de influencias y la simulación de competencia, lo cual ya también se estaría investigando.
Otras faltas administrativas graves serían que se hubieran ocultado vínculos o falsedad de declaraciones sobre nexos con sociedades mercantiles en sus declaraciones de intereses. Esto toca investigar al Órgano Interno de Control del INE.
De lo que se compruebe, en materia administrativa se prevé la destitución del cargo, inhabilitación temporal de 3 a 20 años, multa económica que pudiera alcanzar el doble del beneficio mal obtenido o suspensión del empleo de 30 a 90 días.
En materia política, podría asomarse un juicio político realizado desde el legislativo que puede concluir con la destitución e inhabilitación y la remoción del cargo de la consejera presidenta del INE.
De determinarse la comisión de algún delito, las penas estarían acorde a lo que se hubiera incurrido.
Uno se pregunta, para qué sirven frases de cambios huecos, licitaciones públicas y filtros cuando parece que todo se puede arreglar todo entre copas y sonrisas cómplices, y al calor del compadrazgo. Es algo que no cambia y se debe investigar.
Por donde se le vea, en este caso la corona de la reina no sólo saldrá abollada, se hará pedazos.
En X: @mabtirado1
