Demandan a Tribunal Superior Agrario atraer caso de acaparamiento

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  • El Ejido Santa Rosa Jáuregui exigirá este lunes al Tribunal Superior Agrario (TSA) que atraiga el caso de mil 415 hectáreas entregadas a una sola persona.
ZÓSIMO CAMACHO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejido Santa Rosa Jáuregui exigirá este lunes al Tribunal Superior Agrario (TSA) que atraiga el caso de mil 415 hectáreas entregadas a una sola persona.

Los campesinos acudirán a la sede del organismo para que revise la privatización del equivalente a 14 millones 150 mil metros cuadrados en favor del empresario inmobiliario Jorge Antonio González Nieto.

La solicitud de atracción busca que el máximo tribunal en materia agraria del país intervenga en la disputa por la titularidad de las tierras ejidales de Santa Rosa Jáuregui.

Asimismo, que se deslinden responsabilidades por la adjudicación de tierras sin que se cumpliera la normativa.

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Como lo informó Luces del Siglo, el caso de probable despojo inició el 17 de enero de 2007. En la fecha, la Primera Asamblea General de Ejidatarios para Asamblea de Formalidades Especiales asignó mil 415 hectáreas a Jorge Tomás Flores Cacho, una persona ajena al ejido.

La Ley Agraria prohíbe enajenar más de cinco por ciento de las tierras ejidales, por lo que la superficie rebasó con creces el límite legal. El acta de esa asamblea permaneció extraviada durante nueve años y reapareció el 26 de febrero de 2016, cuando quedó inscrita ante el Registro Agrario Nacional (RAN) sin mayor verificación.

Mientras tanto, se elaboraron contratos fechados el seis de noviembre de 2007 y el 15 de junio de 2007, aunque estos últimos nunca se celebraron en esa fecha.

En ellos, Flores Cacho fraccionaba el terreno a favor de Jorge Antonio González Nieto, Alejandro González Nieto, Beatriz González Nieto, Rosalía Fuentes Silva y Luis Gabriel Anaya Muñoz.

En 2017, González Nieto promovió el juicio 45/2017 contra el ejido para exigir el cumplimiento de esos contratos. El 25 de agosto de 2017, el Comisariado Ejidal celebró una Asamblea General para otorgar la calidad de ejidatarios a las cinco personas beneficiarias y reasignarles las parcelas, aunque la mayoría de los asistentes no los conocía.

El 24 de noviembre de 2017, dentro del juicio agrario EXP. 1203/2017 promovido por ejidatarios, se concedió medida cautelar para no expedir certificados parcelarios respecto de las parcelas en litigio hasta la conclusión del juicio.

González Nieto promovió entonces un juicio contra el RAN para la expedición de títulos de propiedad, el cual fue resuelto en su contra y confirmado en amparo y en recurso de revisión.

A pesar de ello, el delegado del RAN en Querétaro, Marco Antonio Abarca Salvatore, emitió el oficio ST/1077/2025 el cuatro de diciembre de 2025, mediante el cual remitió los títulos de propiedad a la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro.

Con ello inobservó la medida cautelar y las resoluciones judiciales adversas. Su antecesor en el cargo fue suspendido por irregularidades similares.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 42, María Antonieta Villegas López. A pesar de tener a la vista la vigencia de la medida cautelar, requirió a la parte actora la exhibición de la prueba en original o copia certificada, documentación que obra bajo resguardo del RAN.

Durante la audiencia testimonial, Flores Cacho negó tener contrato verbal o escrito con González Nieto, aunque en el expediente 45/2017 obran los contratos de cesión a título gratuito.

El hecho fue señalado sin que se tomara en consideración. En la etapa de alegatos, la magistrada ordenó regresar a la etapa probatoria.

El caso no es aislado. En 2008, los hermanos González Nieto vendieron a Desarrollo Habitacional del Centro, SA de CV, los predios fusionados de las parcelas 14, 16, 18, 20 y 22 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca, en la Delegación Epigmenio González, con una superficie de 345 mil 115.987 metros cuadrados.

El apoderado legal de la compradora era Jorge Antonio González Nieto. En 2009, como representante legal de esa empresa, el mismo empresario “donó” al Municipio de Querétaro 14 mil 383.61 metros cuadrados para equipamiento y áreas verdes, 53 mil 772.78 metros cuadrados para vialidades y 22 mil 524.95 metros cuadrados adicionales del Ejido Menchaca, en el marco del fraccionamiento Los Huertos.

La Gaceta Municipal del 23 de enero de 2018 documenta los acuerdos aprobados entre octubre y diciembre de 2017: cambios de uso de suelo, modificaciones a la normatividad por zonificación, incrementos de densidad de población, modificaciones al Programa de Ordenamiento Ecológico Local, autorizaciones de fraccionamientos y condominios, y licencias de ejecución de obras de urbanización en delegaciones como Santa Rosa Jáuregui, Epigmenio González, Felipe Carrillo Puerto y Villa Cayetano Rubio.

Entre esos acuerdos destaca el Dictamen Técnico del condominio Granados, en Calzada de Belén número 22031, Fraccionamiento Los Huertos, con 120 viviendas, cuyo predio proviene de la fusión de las parcelas 14, 16, 18, 20 y 22 Z-1 P1/1 del Ejido Menchaca.

La solicitud de atracción ante el Tribunal Superior Agrario ocurre en medio de la especulación financiera por las tierras, que se encuentran contiguas al corredor urbano-industrial de la ciudad de Querétaro.

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