Por KUKULKÁN
A ESTAS alturas, lo único transparente que parece tener Aguakan es el agua que vende a precio de oro. Todo lo demás está más turbio que una alcantarilla en temporada de lluvias. Lo que parecía un pleito burocrático por la concesión del servicio de agua en Quintana Roo ha escalado hasta convertirse en un verdadero thriller de corrupción, fraudes y amparos exprés que harían sonrojar a cualquier guionista de Netflix.
VAMOS por partes. Resulta que la concesión de Aguakan estaba originalmente pactada hasta 2023, pero en 2015, en un acto de generosidad digna de estudio, el entonces gobernador Roberto Borge y su fiel Congreso estatal decidieron regalarle 30 años más de negocio redondo a la empresa, extendiendo su vigencia hasta 2053. Por supuesto, no lo hicieron gratis: la transacción incluyó la módica cantidad de mil 50 millones de pesos. Todo perfectamente legal… si viviéramos en el mundo de la impunidad absoluta.
PERO los tiempos cambian y, aunque a paso lento, la justicia a veces se acuerda de trabajar. Así que, cuando la actual gobernadora Mara Lezama decidió poner orden y revocar la ampliación de la concesión, Aguakan y sus titiriteros en el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) se aferraron al contrato como náufrago a una tabla. ¿Su estrategia? Un arsenal de amparos, impugnaciones y, claro, mentiras descaradas ante la autoridad judicial, lo que les valió una acusación por fraude procesal.
AQUÍ ES donde entran en escena los peces gordos: Jorge Ballesteros Franco, presidente del Consejo de Administración de GMD, y su compinche Diego Xavier Avilés, director general adjunto. Dos caballeros con credenciales de empresarios distinguidos, pero con antecedentes que harían palidecer a cualquier abogado de defensa. Ballesteros Franco, por ejemplo, fue acusado en Estados Unidos por la SEC de beneficiarse con información privilegiada, embolsándose 3.7 millones de dólares en un caso de fraude financiero. Y su esposa, Ileana Zavala Colomé, apareció en los Pandora Papers por mover dinerito en paraísos fiscales. Un matrimonio con visión de negocios, sin duda.
EL PROBLEMA es que cuando la Fiscalía General de la República intentó ejecutar las órdenes de aprehensión en su contra, los señores demostraron ser más escurridizos que el agua que Aguakan no entrega en tiempo y forma. Primero, el 22 de diciembre, la Policía Ministerial se presentó en las oficinas de la concesionaria en Cancún para detener a Paul Andrew Rangel Merkley, director general de la empresa, pero les cerraron la puerta en la cara. Días después, el 2 de enero, se intentó hacer lo mismo con Ballesteros y Avilés en las oficinas de GMD en la Ciudad de México, con el mismo resultado: nada.
¿Y QUÉ hicieron estos honorables empresarios ante la posibilidad de pisar la cárcel? Lo que mejor saben hacer: correr a los tribunales a pedir amparos. Ballesteros, Avilés y Rangel Merkley lograron frenar su detención con suspensiones provisionales, alegando que se trata de una persecución política. Porque claro, que te acusen de fraude procesal tras haber mentido a un juez no tiene nada que ver con la ley, sino con conspiraciones maquiavélicas del gobierno.
MIENTRAS tanto, el caso ya está en tribunales federales y la Suprema Corte podría atraerlo, lo que demuestra que la pelea por el agua en Quintana Roo apenas empieza. Mara Lezama no se enfrenta a cualquier rival, sino a un grupo de empresarios con influencias, dinero y una larga tradición de evadir la justicia. Lo irónico es que, mientras Aguakan gasta millones en abogados y estrategias para no perder su mina de oro, sigue cobrando a los ciudadanos tarifas excesivas por un servicio que, en muchos casos, deja mucho que desear.
AL FINAL del día, la pregunta es simple: ¿quién ganará? ¿El gobierno de Quintana Roo logrará quitarle la concesión a Aguakan y devolver el control del agua al estado, o los empresarios detrás de GMD se saldrán con la suya una vez más? Lo cierto es que, como siempre, los grandes negocios se hacen con agua… pero en este caso, con agua sucia.
