- Ordena juez federal a Laura Beristain restituir servicio de basura a REDESOL, la cual ha venido obstaculizando la reinstalación del servicio de la basura.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Otro revés legal propinó la justicia federal al gobierno municipal de Solidaridad que encabeza Laura Beristain, el cual ha venido obstaculizando la reinstalación del servicio de la basura a la concesionaria titular Cooperativa de Servicios y Comercios Recolectores de Desechos Sólidos y Líquidos (REDESOL), S.C. de R.L.
Una sentencia definitiva de amparo del Juzgado Segundo de Distrito protegió nuevamente a REDESOL contra una “indebida intromisión” que encabezó el ex director general jurídico municipal, José Ángel Durán. Beristain
Al ex funcionario se le acusó en un juicio de garantías (con número de Expediente Único Nacional 25930669) de entorpecer la restitución del servicio de basura a la empresa neoleonesa pese al fallo que desde el 9 de enero de 2019, por primera vez, ordenó la sentencia S.C.A./A/115/2014 derivada del Juicio Contencioso Administrativo de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
La afectada busca que se le restituyan sus derechos después de que obtuvo la concesión para la recoja de basura por 20 años, pero fue boicoteada a los 11 meses de operación, lo que derivó en un litigio que ganó después de siete años, cuya sentencia favorable sigue sin cumplirse.
REDESOL enfrenta un conflicto en juzgados y tribunales federales desde hace más de dos años, luego de que la justicia administrativa estatal le otorgó la razón jurídica luego de cinco años de litigio para que el Ayuntamiento de Solidaridad le regresara el manejo del servicio de recoja y traslado de residuos no peligrosos del Condominio Playa Car, la zona turística de Playa del Carmen, así como los hoteles ubicados fuera de la cabecera municipal y Puerto Aventuras.
Los actos más recientes que reclamó la concesionaria afectada fueron contra el ex director general jurídico, quien cuando ocupó el cargo en el Ayuntamiento interpuso un llamado “proceso de revocación” sobre el contrato de concesión parcial por tiempo determinado el cual se firmó el 24 de diciembre de 2012.
La estrategia municipal se dio a pesar de que el Ayuntamiento debió reanudar el servicio luego del fallo judicial y de la aprobación del cumplimiento de la orden jurisdiccional que realizó el Cabildo en la Décima Primera Sesión Extraordinaria del 16 de agosto de 2019.
El “proceso de revocación” es un recurso que la Ley otorga para que otra autoridad con más jerarquía conozca el caso, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pero al dictarse una sentencia favorable a la quejosa se abrió también la puerta al recurso de revisión ante un tribunal de alzada, lo que podría alargar todavía más la conclusión del caso, de seis meses hasta un año.
Pero ni el nuevo fallo en favor de la concesionaria ni el eventual recurso de revisión, parecen suficientes para obligar al gobierno municipal a cumplir voluntariamente con la sentencia original, en cambio, ha optado por alargar el juicio en los tribunales y traspasarlo a la administración siguiente. Beristain concluye su mandato el último día de septiembre próximo.
Como parte del proceso, REDESOL ha solicitado a la justicia federal que ordene el mandato de restitución a la presidenta municipal y al secretario municipal del Ayuntamiento. Al Oficial Mayor también lo acusó de “obstaculizar la ejecución de la sentencia” por autorizar la convocatoria para el arrendamiento puro de 27 camiones recolectores y compactadores de basura al Grupo VTM del Golfo, S.A. de C.V. por 271 millones 290 mil 332 pesos (entre 2019 y 2021), mediante un contrato por adjudicación directa, número ARR/108/2019.
En el tortuoso camino legal de REDESOL se ha dado en el Juzgado Segundo de Distrito desde el 31 de octubre de 2019, al reclamar la omisión de cumplimiento a la sentencia, pero cuyo fallo se ha retrasado ante recursos interpuestos por las autoridades ante el Juzgado Octavo de Distrito y Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo.
Mientras la disputa legal continúe, en la Tesorería municipal seguirá congelado un cheque por cuatro millones 100 mil pesos que se entregarán a la empresa cuando se dicte un fallo inapelable.
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