- La concesionaria comprobó ante el órgano jurisdiccional que el Municipio de Benito Juárez ha omitido liberar la contraprestación que establece el contrato que les fue dado en el 2017.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Un juez federal emplazó al Municipio de Benito Juárez para que a más tardar en 24 horas cubra los adeudos a la empresa recolectora de basura Intelligencia México o lo acusará de desacato ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El ultimátum del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Quintana Roo validó ayer una petición de la concesionaria propiedad del empresario Carlos Canabal, que denunció ante el órgano jurisdiccional la negativa de recibir las contraprestaciones del Fideicomiso F/750179 de Banorte, como lo ordenó una suspensión definitiva que le fue favorable el pasado 25 de enero.
La medida cautelar autorizó a la quejosa su retorno a la recoja de residuos sólidos en Cancún, luego que fuera desplazada por decretarse la intervención total temporal el 18 de diciembre de 2020, cuya estafeta fue entregada a la neoleonesa Red Ambiental, propiedad de Horacio Guerra Marroquín.
La concesionaria comprobó ante el órgano jurisdiccional que el Municipio de Benito Juárez, a través del organismo “Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún” (Siresol-Cancún), ha omitido liberar la contraprestación que establece el contrato que les fue dado en exclusiva el 9 de junio de 2017.
Un acuerdo dictado en el juicio de amparo con número de expediente único nacional 27545994 del Juzgado Cuarto de Distrito, requirió a las autoridades el pago y que remitan las constancias que así lo acrediten, “apercibidas que, de no dar cumplimiento a lo anterior, tal como lo solicita la parte quejosa, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal”.
El juez negó también conceder prórroga al Ayuntamiento benitojuarense “en virtud de que ya ha transcurrido un tiempo prudente para que acredite tal situación”, desde que se dictó la suspensión definitiva hace más de mes y medio, en lo cual ha insistido el encargado de despacho de Siresol-Cancún, Heraclio Morales Ponce.
El apoderado jurídico y Síndico Municipal, Heyden José Cebada Rivas, en respuesta al juzgador, sostuvo que canalizó al secretario de Obras y Servicios Públicos, Ricardo Archundia Sánchez, los oficios DGAJ/1310 y DGAJ/1341/2021 para realizar el pago y que igualmente requirió al tesorero Marcelo José Guzmán para que informe la fecha en que se liberarán los recursos, sin que haya ocurrido hasta el momento.
Ante juez Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, la empresa contratada en exclusiva por el Municipio pudo comprobar que cuenta con capacidad técnica y humana para operar el 100 por ciento en las rutas y las reclamadas 60 unidades compactadoras del contrato-concesión, lo que fue constatado por personal del órgano jurisdiccional en una visita realizada al patio de encierro de la Región 103 de Cancún, el pasado lunes, y cuyo informe se dará a conocer en el juicio este cuatro de junio.
El caso que podría validar a la concesionaria como la única autorizada para recolectar la basura en Cancún, se debate entre informes, documentos y escritos de contestación (incluso de Red Ambiental como tercera interesada), que acumula un voluminoso expediente de dos mil 116 hojas apiladas en cuatro tomos y un quinto recién integrado.
Para evitar el cumplimiento judicial, el Municipio promovió una nueva queja con la que pretende revocar o modificar la suspensión definitiva dictada a favor de Intelligencia México, en un escrito presentado el 18 de mayo.
En el recurso con número de expediente 28073837 ante el Tercer Tribunal Colegiado reclama la resolución que los emplaza a remitir las constancias de cumplimiento de la suspensión definitiva
Previo a la queja interpuesta, hubo otra el 28 abril ante el mismo Tribunal por Red Recolector, con el pretendido intento de combatir el acuerdo que ordenó el cumplimiento de la suspensión definitiva, el 15 de abril.
La primera suspensión provisional a favor de la empresa concesionaria fue del Juzgado Segundo de Distrito (31 de diciembre 2020), al que siguió un infundado reclamo de defecto de su cumplimiento. De ahí, una resolución que le concedió la suspensión definitiva (25 enero).
El fallo ordenó que se le permitiera continuar con el servicio, exactamente en los términos que establece el contrato y con derecho a la contraprestación pactada, siempre y cuando cumpliera con los lineamientos técnicos, condiciones y obligaciones establecidas.
Fue mediante un recurso de queja, que la quejosa impugnó una condicionante, específicamente la relativa a que no surtiría efectos “de existir omisiones por parte de la prestadora del servicio, no existirá impedimento para que la autoridad responsable determine lo conducente”, lo cual fue declarado ilegal por el Tercer Tribunal Colegiado.
Al resolverse un posterior incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, la empresa recolectora demostró que el Municipio le impidió continuar prestando el servicio, con lo cual se validó nuevamente el manto protector el siete de abril pasado. Posteriormente (19 de abril), nuevamente acusó que “no se le ha permitido prestar el servicio de manera exclusiva, y que se ha mantenido a otra empresa prestando el mismo servicio” aun cuando ha cumplido “cabalmente” con el contrato regulatorio de la concesión en lo que respecta al recorrido de sus rutas y al número de unidades disponibles.
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