- A cinco años de la implementación de la Ley de Ejecución Penal, la CNHD señaló que ha observado avances limitados y ausencia de acciones por parte de las Comisiones Intersecretariales.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Los sistemas penitenciarios de 18 estados —entre ellos Quintana Roo— y la Federación no han informado sus avances sobre el cumplimiento de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que pretende garantizar el acceso a servicios básicos en reclusión y una efectiva reinserción social de las personas privadas de la libertad.
A cinco años de la implementación de esta Ley, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que ha observado avances limitados y ausencia de acciones por parte de las Comisiones Intersecretariales en la materia.
Además, la población penitenciaria desconoce beneficios de preliberación estipulados en esta Ley y se registra falta de acceso a una defensa adecuada y oportuna, ausencia de seguimiento a dichos procedimientos y dilación por parte de autoridades en su resolución.
El sistema penitenciario de la Federación, así como de los estados de Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Veracruz no han informado sobre actividades sustantivas al respecto, salvo Veracruz, cuya Secretaría del Trabajo dio cuenta de labores de capacitación en esta materia, realizadas entre 2019 y 2020.
Mientras que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas efectúan acciones en favor de las personas en reclusión.
En ese sentido, el organismo nacional reiteró que con esta Ley se busca garantizar las necesidades básicas de todas las personas privadas de la libertad, mediante el trabajo, la educación, la salud, la cultura y el deporte, por lo que el Estado debe cumplir tal propósito, a través de las Comisiones Intersecretariales.
Incluso, identificó que no se ha dado cuenta de la instalación y trabajo realizado por el Comité para la implementación, evaluación y seguimiento del Sistema de Ejecución Penal, a pesar de que la Ley contempla las libertades condicionada y anticipada, la sustitución y suspensión temporal de las penas, permisos humanitarios, preliberación por criterios de política penitenciaria y justicia terapéutica, entre otros aspectos. “Para este Organismo Nacional la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal debe transitar a un proceso dinámico que permita poner en el centro de las acciones conjuntas a las personas privadas de la libertad, a partir de la corresponsabilidad entre todas las instituciones”.
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