Verde, el color de la impunidad

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  • En sus tres décadas de vida, los dirigentes, candidatos y funcionarios del Verde han sido vinculados con el manejo poco claro de recursos millonarios.
CLAUDIA GUERRERO Y GUADALUPE IRÍZAR / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cobijado cada sexenio por el partido en el poder y aliado con televisoras privadas, el Partido Verde Ecologista de México ha transitado como una fuerza política de escándalos, negocios turbios y actividades ilegales sin perder su registro, y sin que ninguno de sus dirigentes haya pisado la cárcel, salvo por conducir en estado de ebriedad.

El Partido Verde Ecologista de México, fundado en 1986, consiguió su registro en 1993 y fue considerado, por lo menos hasta 2011, como un “negocio familiar”.

En toda su historia sólo ha tenido dos presidentes nacionales: Jorge González Torres y su hijo Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”. En 2009 cambió sus estatutos y desapareció la figura de “presidente nacional”, bajo el argumento de volver más colegiada la dirección partidista, y se creó el cargo de “vocero” y representante del partido.

Desde su surgimiento hasta 2001 estuvo dirigido por el ex priista Jorge González Torres, quien luego pasó la estafeta a su hijo, Jorge Emilio González Martínez.

Enquistado en la presidencia durante 10 años, González Martínez consiguió tres diputaciones y dos senadurías plurinominales. Su trayectoria en el partido del tucán ha estado rodeada de escándalos que van desde el ofrecimiento de sobornos, conducir alcoholizado, hasta la muerte de una mujer de nacionalidad búlgara que cayó de un departamento de lujo que es de su propiedad.

En 2011, la conducción del PVEM pasó a manos de Arturo Escobar, quien ha sido funcionario federal, senador y diputado en tres ocasiones.

De manera oficial se desempeñó como vocero de esa fuerza política hasta 2015, aunque también acaparó las miradas por conductas cuestionables como repartir ilegalmente tarjetas en elecciones y portar una maleta con más de un millón de pesos en fajos de billetes.

En 2009, a tres días de la jornada electoral, fue sorprendido en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con el efectivo.

Tras dejar el cargo partidista fue nombrado Subsecretario de Prevención en Gobernación, pero renunció en medio de acusaciones de la Fepade por la comisión de delitos electorales y señalamientos de organizaciones civiles que cuestionaron su designación.

En ese mismo año, la vocería del partido fue asumida por Carlos Puente Salas, quien se convirtió en líder nacional en 2017.

Previamente, se había desempeñado como jefe de Administración de Convenios Públicos, gerente de Estrategias y Desarrollo Político y director de Enlace y Atención Gubernamental de TV Azteca, donde trabajó entre 1994 y 2003.

A LA MALA

En sus tres décadas de vida, los dirigentes, candidatos y funcionarios del Verde han sido vinculados con el manejo poco claro de recursos millonarios, trampas electorales, conflictos de interés, agresiones físicas, videoescándalos, presuntos homicidios, delitos del fuero federal y hasta nexos con el narcotráfico.

En lo electoral, ese partido se ha caracterizado por retar a la autoridad y violar la legislación para tratar de sacar ventaja amañada en cada contienda, sin que las sanciones hayan ido más allá de multas económicas, que en ocasiones han sido reducidas.

El PVEM ha caminado de la mano de la autoridad electoral . El Tribunal Electoral revisa multas del INE, en ocasiones las reduce, en algunas las confirma y ha llegado a revocar una multa millonaria por irregularidades, como en 2012 por un monto de 176 millones de pesos.

Su participación política ha ido a la par de denuncias por violaciones a la ley electoral y de algunos escándalos por financiamiento ilegal.

Sus acciones han ameritado multas históricas, como la de 322 millones de pesos por la transmisión ilegal de spots en televisión en 2015.

En la elección federal de este año, el Verde utilizó a 42 actores, actrices, cantantes, conductores de televisión, futbolistas y boxeadores pagados para promocionarse a través de mensajes de Twitter, en plena veda electoral.

Luego de dos años de litigio, fue castigado con una multa de sólo 7 millones de pesos.

En varios procesos se ha documentado financiamiento no permitido de sus legisladores, así como propaganda abierta y prohibida en telenovelas, revistas de espectáculos, o abiertamente violatoria de la ley a través de cineminutos, realizados por la empresa Reboksa, del hermano de Escobar, o de entrega de dádivas a los electores.

Los del PVEM se dieron a conocer con los múltiples casos de las llamadas “juanitas”: candidatas mujeres postuladas como propietarias, que al triunfo electoral renunciaban para dejar su lugar a un suplente varón.

La estrategia del PVEM pareciera ser: violar la ley, ser sancionado, seguir violando la ley, ir al tribunal, dejar pasar el tiempo, ganar una reducción o cancelación de multas, y siempre con el cálculo de que los beneficios en votos son mayores que las eventuales pérdidas monetarias.

Ante su reincidencia en actos ilegales, representantes de diversos partidos políticos y de la sociedad civil han exigido, sin éxito, la cancelación de su registro, como ocurrió en 2015.

En ese proceso las quejas documentaban el rompimiento de la equidad en la contienda ante la utilización de personajes públicos para hacer propaganda en telenovelas, en revistas disfrazadas de información y en redes sociales, con mensajes llamando al voto en pleno periodo de veda electoral y el mismo día de la jornada electoral.

Pero no pasó nada y siguió con el registro.

“Es infundada la pretensión de que se declare la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México”, dice la sentencia del TEPJF del 5 de octubre de 2016.

Y hace poco…

En la elección del pasado 6 de junio, de acuerdo con el INE, el Verde volvió a violar la veda electoral con el pago de 1 millón de dólares a 100 influencers para promocionarse en redes sociales, también en plena veda electoral.

En respuesta, el órgano electoral pretende sancionarlo con una multa de 40 millones de pesos.

Apenas el martes, legisladores y ciudadanos entregaron al INE 162 mil firmas con las que piden quitar el registro al Verde.

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