- La representante legal del Municipio no pudo demostrar que la inmovilización de los recursos agredieron y afectaron la operación del gobierno de Felipe Carrillo Puerto.
MARCO ANTONIO BARRERA
CHETUMAL, Q. ROO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Quintana Roo bloqueó 40 cuentas bancarias pertenecientes al municipio Felipe Carrillo Puerto encabezado por el edil José Esquivel Vargas.
La orden se ejecutó por presuntos adeudos que ordenó el congelamiento de recursos por 41.5 millones de pesos (entre participaciones federales y recaudaciones propias), que se mantenía como saldo bancario municipal al término del primer trimestre del año.
Para la síndica municipal, Reyna Anita Hau Morales, fue una medida administrativa ejecutada presuntamente fuera del procedimiento legal, en el que se omitió notificar del inicio y la ejecución del trámite.
La funcionaria pretendió revertir el aseguramiento de recursos con un amparo que interpuso ante el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Quintana Roo, para intentar liberar 38 cuentas aperturadas en HSBC, una en Multiva y otra en BBVA.
Pero el pretendido intento le fue negado contra la medida decretada por el SAT en el estado, al no poder acreditar jurídicamente que las cuentas afectadas pertenecen a la comuna.
La representante legal del Municipio tampoco pudo demostrar que la inmovilización de los recursos agredieron y afectaron la operación del gobierno de Felipe Carrillo Puerto, como argumentó en sus alegatos.
De acuerdo con la resolución del juicio de amparo número 872/2021, con las pruebas aportadas por la servidora pública únicamente se logró demostrar la titularidad del cargo que ostenta al presentar su constancia de mayoría y de validez de la elección que expidió a su favor el Instituto Electoral de Quintana Roo, el 9 de julio de 2018.
Además, presentó una fotocopia certificada del acta de la primera sesión pública y solemne de la instalación del Ayuntamiento para el periodo 2018-2021 el 30 de septiembre de 2018, que igualmente la validó como representante legal.
“Se concluye que en este momento no existe en el cuaderno incidental prueba alguna que corrobore la afectación que le causan los efectos y consecuencias de los actos reclamados, al no haber exhibido documental alguna con la que se acredite que algunas de las personas físicas o morales sean titulares de dichas cuentas”, razonó el juzgador.
Los documentos aportados no fueron suficientes para que a las autoridades municipales les concedieran medidas cautelares provisionales que les permitieran liberar el dinero del banco, por lo que la negativa del juzgador permanecerá hasta que se dicte la resolución definitiva.
De acuerdo con la Ley de Ingresos 2021, el municipio de Felipe Carrillo Puerto reconoce recursos por ejercer de 524 millones 33 mil 855 pesos, de los cuales 504.9 millones de pesos (96 por ciento) provienen de participaciones, aportaciones e incentivos fiscales federales y 19.1 millones de pesos son ingresos propios generados por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos (4 por ciento).
En la gestión del alcalde Esquivel Vargas, cuyo mandato entregará a la morenista Maricarmen Candelaria Hernández Solís el próximo 30 de septiembre, hay cuentas pendientes de pago a corto plazo por 67.8 millones de pesos, de los cuales 29.3 millones de pesos corresponden a pagos retenidos a proveedores, según los “Estados Financieros a marzo de 2021”.
Ya en otras ocasiones el Municipio ha padecido conflictos similares, uno de ellos en 2017 cuando la entonces edil Paoly Perera Maldonado (actual regidora de la misma comuna) se negó a saldar un pendiente de 17 millones de pesos que heredó su administración por la falta de liquidación laboral a 72 trabajadores.
Los empleados inconformes interpusieron un juicio que ganaron, cuya ejecución de sentencia ordenó embargar cuentas bancarias, un año después. Aquella ocasión se afectó la operación de los programas e inversiones municipales.
Anteriormente, en 2016 se decretó un laudo que ordenó al mismo Ayuntamiento pagar 8 millones de pesos al proveedor Jorge Ortega Sánchez por la construcción de banquetas y guarniciones en la cabecera municipal en 2013.
La cuenta original que se incumplió fue de 670 mil pesos atribuida al entonces edil Sebastián Uc Yam, cuya negativa originó un desproporcionado saldo que creció como la espuma, que al no existir recursos para pagar se ejecutó mediante un embargo del mobiliario del Cabildo, Oficialía Mayor y la Dirección de Catastro.
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