- Hace dos años y ocho meses que Guillermo Molina está prófugo de la ley, aunque hay rumores de que se pasea libremente por Yucatán.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El presunto operador de desvíos millonarios del gobierno borgista, Juan Pablo Guillermo Molina, se escuda en la pandemia del Covid-19 para evitar comparecer presencialmente ante la justicia de Quintana Roo.
A la distancia para evitar que se ejecute una orden de detención activa desde 2018, la estrategia legal del ex servidor público combate “a la sombra” al menos siete acusaciones penales.
El ex secretario de Finanzas y Planeación del anterior gobierno estatal presentó otro amparo en la pretendida defensa de su libertad, sus bienes y su prestigio como servidor público.
Hace dos años y ocho meses que Guillermo Molina está prófugo de la ley, aunque hay rumores de que se pasea libremente por Yucatán, pero aun así solicitó al Juzgado Sexto de Distrito medidas cautelares para que aplace un nuevo juicio que le ordena presentarse físicamente hasta que el semáforo epidemiológico cambie a color verde.
El órgano jurisdiccional negó la pretendida suspensión provisional al advertir que suspender o diferir la audiencia inicial, convocada para el próximo 11 de agosto a las 13 horas, equivaldría a paralizar todo el proceso en perjuicio del orden público y el interés social
Al ex operador financiero de Roberto Borge lo acusan de desviar tres mil 177 millones de pesos, pero ha gozado de impunidad al interponer más de 15 amparos con los que a la distancia defiende su libertad, sus bienes y su prestigio como servidor público.
Guillermo Molina interpuso su más reciente juicio de garantías el miércoles pasado, del cual solicitó medidas cautelares para que (de negarse el aplazamiento) se realice la audiencia inicial de manera virtual. Igual que la anterior petición, se le negó porque de concederse se “quedaría sin materia el juicio principal”.
Un tercer reclamo en el juicio de amparo 28092554, fue que de confirmarse la audiencia inicial en su ausencia, no se le considere una persona que se sustrae de la acción de la justicia; es decir, quitarle la condición de prófugo de la ley.
Los actos reclamados por Juan Pablo Guillermo fueron contra la discusión, aprobación, expedición y publicación del acuerdo 10/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, el 14 de abril de 2020.
El acuerdo en cuestión determinó en la antesala del confinamiento por la pandemia que para la atención de los asuntos urgentes en el sistema penal acusatorio y de ejecución para adolescentes y adultos, las audiencias se desahoguen mediante videoconferencias en tiempo real, cuidando en todo momento los protocolos de sanidad correspondientes.
De la solicitud para frenar el procedimiento penal que lo obliga a presentarse se le advirtió que se concede siempre y cuando “no haya perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público”, lo cual no se cumple.
De concederse las reclamadas medidas cautelares, se agregó, el caso quedaría también sin materia, lo que tendría que resolverse de fondo al dictarse la sentencia definitiva.
Desde noviembre de 2018, un juez estatal libró una orden de aprehensión contra Juan Pablo Guillermo para que responda a las acusaciones que lo vinculan con el saqueo de Quintana Roo en la pasada administración estatal.
El ex funcionario ha demandado amparos contra acciones de autoridades federales y estatales, como diputados, jueces, ministerios públicos, coordinadores y directores de dependencias públicas relacionadas con sanciones a servidores públicos.
La lucha legal que emprendió más recientemente fue contra el juicio político que enfrenta de la XV Legislatura del estado, con una resolución que le fue favorable en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
Pero un fallo cambió la resolución del Juzgado Sexto de Distrito que impedía impugnar el incumplimiento del artículo 20 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo, que establece el procedimiento del juicio político. De prosperar su nuevo recurso jurídico, Guillermo Molina podría echar abajo el procedimiento de la Comisión Instructora, a la que acusó de evitar notificar las conclusiones para validar o desechar las imputaciones, según el ex servidor público prófugo.
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