- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo ha recuperado más de 316 mdp a favor del estado, de los municipios y de particulares.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO. – Desde su creación en 2017 hasta diciembre de 2020, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo ha recuperado más de 316 millones de pesos a favor del estado, de los municipios y de particulares, entre inmuebles y dinero en efectivo, informó su titular Rosaura Villanueva Arzápalo.
Se trata de 25 bienes inmuebles reintegrados con una extensión de 3 millones 981 mil 577 metros cuadrados y dos más que están en proceso de medición con un valor total de 133 millones 911 mil 587 pesos, así como 334 mil 080 pesos, producto del arrendamiento por 4 meses de 3 inmuebles en 2019 y un millón 002 mil 240 pesos en 2020, además de 181 millones 549 mil 089 pesos en efectivo. En total, 316 millones 796 mil 996 pesos.
“Es verdad que de repente nos dicen todo esto no es suficiente, pero hemos sentado precedente a nivel nacional e internacional; hemos recuperado se oye poco, pero sí más de 316 millones de pesos al estado, se ha recuperado en patrimonio, se ha recuperado en efectivo a través de los distintos medios o salidas alternas de solución de controversias, en procedimientos abreviados en donde se repara el daño”, señaló.
Inclusive, actualmente ya trabajan con un sistema de georreferenciación que también es único a nivel nacional en Fiscalías Anticorrupción, donde el mismo sistema va clasificando las investigaciones de manera digital y ahí sale el mapeo de qué delito es el de mayor incidencia, qué dependencia o qué municipio está cometiendo este tipo de ilícito para generar las acciones preventivas.
La fiscal añadió que, de 2017 al 29 de junio del año en curso, cuentan con mil 525 carpetas de investigación, de las cuales, 341 corresponden al 2018, 450 del 2019, 480 del año pasado y en lo que va de este 2021, van 254, con un total de dos mil 994 imputados.
En este tema, la fiscal sostiene que en ocasiones los litigios no son tan cortos como se piensa, ya que los imputados o personas sujetas a investigaciones en la mayoría de los casos recurren a amparos, tal es la situación de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Roberto Borge Angulo, que en 14 ocasiones ha interpuesto amparos para evadir la acción de la justicia.
Este tipo de estrategias provocan que los procedimientos sean más tardados, aunado a que, no existen criterios jurídicos sólidos o antecedentes de resoluciones en temas anticorrupción, ya que cada juez o magistrado al momento de conocer los asuntos toman sus propias resoluciones.
“Han ido servidores públicos hablando de la policía, uniformados y han determinado un juez que con el uniforme o un oficio no acreditan su calidad de servidor público, pero esos criterios que ellos utilizan —jueces o magistrados— se pueden combatir por la vía legal, entonces mientras no haya varios precedentes o pase por el tamiz de la Suprema Corte para convertirse en una tesis de jurisprudencia o en una jurisprudencia, pues no podemos decir este caso es similar y se va a resolver similar”, lamentó.
Hasta la fecha, la Fiscalía Anticorrupción tiene un total de 56 mandamientos judiciales, 32 órdenes que están por cumplimentarse y 24 que ya han sido ejecutadas; se han conseguido 27 prisiones preventivas oficiosas y justificadas.
Desde su creación, la Fiscalía ha logrado asegurar un total de 357 folios electrónicos, embargar 56 bienes inmuebles y asegurar otros 83, así como judicializar 217, integrar 14 carpetas de investigación contra particulares, vincular a proceso a 130, emitir 28 alertas migratorias y 23 alertas rojas, es decir, fichas Interpol y litigado 271 amparos.
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