Entablan juicio a Lili Campos

700
Entablan juicio a Lili Campos
  • La Canirac delegación Playa del Carmen recurrió a la justicia federal para reclamar la omisión de las actuales autoridades de aplicar el Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de Solidaridad.
MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Los restauranteros organizados de Playa del Carmen enfrentarán jurídicamente al recién llegado gobierno municipal de Lili Campos, para impedir que tolere el comercio informal en la zona turística.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), delegación Playa del Carmen, recurrió a la justicia federal para reclamar la omisión de las actuales autoridades de aplicar el Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Mediante un juicio de amparo al que se asignó el número de expediente 28972882 en el Juzgado Octavo de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito, los empresarios solicitaron medidas cautelares contra una omisión de cumplimiento de la normatividad vigente, como también lo hizo la actual concejal Laura Beristain.

El reclamo jurídico de los que dirigen restaurantes establecidos tiene como objetivo que la justicia de la unión ordene al Ayuntamiento la aplicación del artículo 55 del citado ordenamiento, que establece la prohibición de otorgar permisos a los comerciantes en vía pública en la zona turística.

El Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de Solidaridad impide la actividad informal en el polígono comprendido en la zona de playas hasta la Décima Avenida y desde la calle Primera Sur Bis hasta la calle 106 Norte, entre otros 43 sitios de la geografía municipal.

La Canirac, delegación Playa del Carmen, a través de su presidente Juan Carlos Hernández, ya había manifestado públicamente su inconformidad por la presencia de 41 puestos semifijos en la concurrida Quinta Avenida y sus intersecciones.

La molestia de los restauranteros es que en la principal vialidad peatonal se ubican establecimientos formales de alimentos preparados y condimentados, que ofrecen una oferta gastronómica local, nacional e internacional, los cuales se ven afectados por una competencia desleal de los vendedores informales, que con su presencia impiden la visibilidad de los negocios establecidos.

Una de las primeras acciones que realizó la alcaldesa Campos Miranda al asumir el cargo en Solidaridad, fue recorrer (4 de octubre) la Quinta Avenida, la que consideró “el monumento a la corrupción en la pasada administración”.

A través de sus redes sociales, la gobernante expresó que millones de pesos fueron invertidos en la vialidad, pero que ese día pudo constatar cómo prevalecían las malas condiciones y el desorden. “Hoy recorrimos sus calles para realizar un diagnóstico de mejoras y ordenamiento de su comercio”. 

Inclusive aseguró que los empresarios habían aprobado la reubicación de los vendedores informales en la zona turística.

Pero al día siguiente, la presidenta municipal fue “desmentida” no solamente por el presidente de la Canirac, delegación Playa del Carmen, Juan Carlos Hernández, sino también por el titular del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), Lenin Amaro Betancourt.

Ambos líderes empresariales negaron el supuesto apoyo e insistieron en su reclamo al Ayuntamiento para que los vendedores informales y los puestos semifijos fueran retirados de manera definitiva.

En una reunión que convocaron con medios de comunicación catalogaron el anuncio oficial como una pretendida manipulación de información, al incluir el supuesto apoyo del sector empresarial.

El amparo interpuesto por la Canirac, delegación Playa del Carmen, está en proceso de ser admitido por el Poder Judicial, al reclamarse violaciones constitucionales al artículo 5, el cual establece que ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos y sólo podrá vedarse cuando se ataquen los derechos de un tercero dictada en los términos que marque la ley.

Igualmente, los quejosos invocan violaciones del artículo 14 (a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna) y el 16 (nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones sino por mandamiento escrito que lo funde y motive.

Te puede interesar: Vuelven a procesar a Borge por lavado