- El desdén de las autoridades municipales y estatales ha impedido dar cumplimiento a nueve de cada 10 recomendaciones emitidas por la CDHEQROO.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El desdén de las autoridades municipales y estatales ha impedido dar cumplimiento a nueve de cada 10 recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO).
A pesar de que el ombudsman Marco Antonio Tóh Euán tiene poco de qué presumir hizo pública su intención de repetir en el cargo por otros cuatro años, cuando concluya su gestión el próximo 26 de enero.
El balance del funcionario es que de 88 pronunciamientos únicamente ha logrado convencer a seis autoridades desde 2018, y los restantes casos se mantienen inconclusos a pesar de que pretendieron combatir los actos y corregir las prácticas que atentaron contra la dignidad humana de las víctimas.
De acuerdo al estado que guarda la totalidad de casos enlistados en el sitio web del organismo autónomo, en el 94.2 por ciento de los dictámenes se agotó el plazo de seis meses que la ley impone para su cumplimiento.
Del total de los dictámenes fueron 64 los que se han ido al cajón del olvido, a pesar de que se logró documentar hechos violatorios a las garantías elementales de las personas.
Entre las autoridades señaladas están la Fiscalía General de Justicia (30), la presidencia de Solidaridad (8), Seguridad Pública estatal (6) y los municipios de Tulum y Benito Juárez (4) y Othón P. Blanco y Cozumel (3).
Otras autoridades señaladas son las alcaldías Bacalar, Cozumel, Othón P. Blanco y Puerto Morelos, el Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y de Salud, entre otras.
Los dictámenes con vista a la Legislatura están una fila de espera en la Comisión Ordinaria de los Derechos Humanos de la XVI Legislatura estatal, para que los diputados llamen a cuentas a las autoridades señaladas.
Las cifras más abultadas de incumplimiento fueron en 2019 cuando el organismo emitió 28 recomendaciones, a las que a ninguna se le dio un cumplimiento en los términos planteados; es decir, todas se enviaron al Congreso del Estado.
Igual ocurrió con las emitidas un año antes, cuando de 18 pronunciamientos públicos sólo cumplió uno y los restantes 17 casos llegaron a los diputados locales.
En 2020, el organismo emitió 33 recomendaciones de las que ocho fueron aceptadas, una no reconocida y 18 pasaron en automático a la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo. En ese mismo año, las que se cumplieron apenas sumaron seis.
De los pronunciamientos emitidos por Tóh Euán en el presente año, en una se dio vista a la Legislatura, otra está en plazo vigente de respuesta y siete aceptadas, pero sin reportarse avances.
Cuando se emite una recomendación por violaciones a los derechos humanos, la autoridad a la que se le notifica cuenta con cinco días hábiles para que responda su aceptación o no aceptación, según establece el párrafo segundo del artículo 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y artículo 50 de su reglamento.
En caso de ser aceptada, el destinatario tiene otro plazo de cinco días hábiles para remitir las pruebas iniciales de cumplimiento y de cumplimiento total dentro de los seis meses siguientes, según lo dicta el artículo 51 del Reglamento de la Ley de la CDHEQROO.
La misma legislación que regula la actuación del organismo advierte que ante la negativa de aceptación o el incumplimiento total o parcial se deberá dar vista al Congreso del Estado, según lo previsto por el numeral 56 Bis.
Igualmente, se señala que una vez que se notifique, la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos citará a comparecer públicamente ante sus integrantes a los servidores públicos involucrados, con el propósito de que rindan cuentas de su conducta o justifiquen su omisión.
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