- La CNDH dirigió una recomendación general a las autoridades estatales y federales, a fin de que garanticen el derecho al trabajo digno de las personas privadas de la libertad.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.– La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación general a las autoridades estatales y federales, a fin de que garanticen el derecho al trabajo digno de las personas privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios del país.
La recomendación abarca a las gobernadoras, gobernadores y a la jefa de Gobierno, así como a los titulares de las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, del Trabajo y Previsión Social, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y sus homólogas en los estados.
Lo que se busca es proporcionar información útil que permita a las autoridades superar las limitaciones, barreras u obstáculos impuestos a las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión y contribuir a la implementación de una estrategia que garantice el derecho al trabajo, haciendo realidad la reinserción social.
A partir de diversas solicitudes de información dirigidas durante octubre y noviembre del año pasado, a los sistemas penitenciarios estatales y al OADPRS, se establece que, a nivel nacional, 18 mil 635 personas privadas de la libertad reciben un salario a cuenta de terceros por el trabajo realizado.
De ellas, 17 mil 362 son hombres y mil 273 son mujeres, mientras que 43 mil 930 no perciben un salario (42 mil 186 mujeres y mil 744 hombres) y más de 93 mil ejercen en autoempleo al interior de las cárceles en labores de tejido, carpintería, talabartería, elaboración de artesanías, dibujo, pintura, bisutería, lavandería, limpieza de calzado, corte de cabello y elaboración de alimentos, entre otras.
La CNDH indicó que la mayoría de los centros penitenciarios del país, tanto federales como estatales, cuentan con al menos un taller para ejercer actividades laborales y un máximo de hasta 21 talleres.
Ante esta situación, el organismo nacional pidió implementar un reglamento específico que haga efectivo el ejercicio del derecho al trabajo para las personas procesadas y sentenciadas, promover y fomentar programas de acceso al empleo, sin prejuicios, limitaciones o distinciones por género, identidad de género u orientación sexual.
Así como generar programas específicos de capacitación y acceso al trabajo para todas las mujeres privadas de la libertad, con los beneficios en materia de seguridad social y prestaciones establecidos en la ley.
Incluso, sugirió constituir un Comité Nacional de Fomento Laboral Penitenciario que diseñe y establezca un monitoreo de vigilancia, seguimiento y evaluación de la política pública en esta materia.
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