- El caso se encuentra empantanado sin que se avizore una pronta solución a El Ejido Chacchoben del municipio de Bacalar, localizado a una hora y media de distancia del norte de la capital del estado.
MARCO ANTONIO BARRERA
BACALAR, Q. ROO.- A pesar de que diversas sentencias jurisdiccionales han dado la razón a un histórico reclamo legal por despojo del Núcleo Ejidal de Chacchoben, Quintana Roo, sus habitantes siguen sin ser compensados económicamente por tierras forestales que se utilizaron para ampliar y modernizar un tramo carretero de la Vía corta a Mérida ubicado en Bacalar, Quintana Roo. Ejido
Los afectados son comuneros que llevan casi ocho años de combatir jurídicamente actos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que utilizó unilateralmente 84 hectáreas de la comunidad sin que mediara un decreto de expropiación ni el pago de una indemnización, cuya medida se justificó por una supuesta “posesión y derecho de vía históricos” en los años setenta del siglo pasado.
Como parte del caso se han emitido al menos tres sentencias favorables a los quejosos. La primera ordenó indemnizarlos y un amparo de revisión validó la sentencia contra la SCT.
La tercera resolución jurídica ordenó también compensar económicamente a los afectados mediante la expropiación de los terrenos, al descartar su restitución porque se afectaría el interés público.
La disputa legal entre ejidatarios y autoridades federales se centra sobre los terrenos por los que atraviesa una carretera que se extiende al norte de la capital del estado, antes de la comunidad Limones y después de Bacalar, casi al entronque de la carretera federal 307 Cancún-Chetumal y hasta el kilómetro 22 de la comunidad Ávila Camacho.
Del caso que se pelea jurídicamente desde 2013, la resolución más reciente favoreció a los quejosos como parte del amparo en revisión con número de expediente 27493920 decretado el pasado viernes.
El fallo de la Magistrada adscrita a la ponencia 2 del Segundo Tribunal Colegiado con sede en la entidad, Patricia Elia Cerros Domínguez, ordenó la reposición del procedimiento por vicios de origen de la sentencia (24988570) del Juzgado Sexto de Distrito.
El fallo que deberá ser modificado sobreseyó un reclamo ejidal para realizar un avalúo a los terrenos afectados, mediante una sentencia que demoró casi medio año, pero que fue dictada el 18 de octubre del año pasado.
Un posterior recurso de revisión que tardó en resolverse otros casi 11 meses (del 13 de enero al 25 de noviembre pasado) favoreció igualmente a los ejidatarios que reclamaron la omisión del cumplimiento de la sentencia 8/2013 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 con sede en Chetumal.
La resolución ordenó que se estableciera un valor económico a los terrenos y se procediera a la indemnización de los comuneros, luego de incumplirse las formalidades de ocupación previa, sin contar con el consentimiento de sus legítimos propietarios.
En el recurso de revisión número 291/2015-44 que igualmente favoreció al Ejido de Chacchoben (resuelto entonces por el Pleno del Tribunal Superior Agrario) se ordenó iniciar el procedimiento expropiatorio, pues también había prescrito la figura de servidumbre legal de paso que invocó en su defensa la SCT.
La única hipótesis para que el predio deje de formar parte del núcleo agrario, se indicó, se da por decreto expropiatorio, adopción de dominio pleno y la aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles, de acuerdo al artículo 27 de la Carta Magna.
Para la resolución definitiva del caso, los quejosos propusieron la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero la Primera Sala del Máximo Tribunal la desechó por improcedente, en marzo pasado.
Para resolver el caso se han puesto sobre la mesa diversas propuestas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), de proponer precio a cada hectárea de terreno reclamada.
Una primera fue de 22 mil pesos, a la que después se le agregaron otros 10 mil pesos para quedar en 32 mil pesos, y posteriormente subió a 227 mil pesos por cada hectárea reclamada, pero la última (al igual que las primeras) fue rechazada al representar apenas un monto de 18.6 millones de pesos.
La contrapropuesta por cada hectárea se estableció entre 800 mil a un millón de pesos; es decir, 67.2 a 84 millones de pesos por los 840 mil metros cuadrados que les fueron despojados.
El caso se encuentra empantanado sin que se avizore una pronta solución a El Ejido Chacchoben del municipio de Bacalar, localizado a una hora y media de distancia del norte de la capital del estado.
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