Enfrentan sanciones funcionarios ‘rebeldes’

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Enfrentan sanciones funcionarios rebeldes Othón
  • Directores de área de los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez enfrentan cuantiosas multas económicas por su rebeldía de incumplir sentencias dictadas por el TJAQROO.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Directores de área de los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez enfrentan cuantiosas multas económicas por su rebeldía de incumplir sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo (TJAQROO).

Las sanciones provienen de fallos definitivos en juicios de nulidad contra actos de autoridades anteriores, pero que a las actuales se les sancionó por incurrir en su incumplimiento, que ahora intentan frenar por la vía del amparo.

El primer caso corresponde al director general de Obras Públicas del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Jorge Domínguez Urrea (nombrado por la alcaldesa Yensunni Martínez el 6 de octubre pasado), a quien se le impuso una multa por 330 mil pesos según la sentencia del juicio contencioso administrativo 103/2019-SU1-I.

El servidor público interpuso un juicio de garantías para intentar frenar la última etapa del juicio ganado por la particular Rosa Carmina Lizama Flores en la Primera Sala Unitaria, que ordenó la ejecución el pasado 25 de noviembre.

Pero la resolución se combate con el juicio de garantías número 29149009 turnado al Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito (el pasado día 2), con el cual el servidor público demandó la protección federal para evitar el pago de 330 mil 005 pesos. Othón

A pesar de que el juez federal concedió la suspensión provisional el pasado viernes, aclaró que la medida lo protegerá siempre y cuando esta no haya acontecido, que no se frenará ni se suspenderá el procedimiento.

Los alcances de la medida cautelar únicamente paralizará una de las etapas finales para que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, “mientras se emite la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva”.

La resolución establece que de ejecutarse la pena se causarían daños y perjuicios de imposible reparación al servidor público, pero sin mencionarse los hechos que impugnó el particular.

En el segundo caso, el director de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, Ángel Raúl Montalvo Hernández, enfrenta una multa por 53 mil 772 pesos por un juicio contencioso administrativo de 2019.

El procedimiento administrativo fue turnado a la Cuarta Sala Unitaria bajo el expediente 167/2019-SU4-I, luego que se promoviera por el automovilista Manrique Montero Palma.

Al afectado se le impuso una infracción de tránsito por pasarse una luz roja de semáforo en el cruce de las avenidas Uxmal y López Portillo de Cancún, el 18 de septiembre del año antepasado.

De acuerdo la relatoría de los hechos, el agente de tránsito Baltazar Días Román omitió fundar y motivar jurídicamente la boleta de infracción con folio 531634, con la cual impuso una pena de mil 689 pesos con 80 centavos, que con el descuento por pronto pago se ajustó finalmente en 845 pesos.

La magistrada Mónica de los Ángeles Valencia Díaz adscrita a la Cuarta Sala Unitaria, comprobó que el uniformado omitió escribir los artículos transgredidos del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Benito Juárez.

Al llenar la parte destinada a la fundamentación legal, el uniformado solamente escribió que “los conductores deberán respetar las luces de los semáforos y únicamente pasará con luz verde”.

Lo mismo ocurrió en la sección de motivación, en la que se plasmó que “el conductor no respeta las luces del semáforo de la Av. Uxmal Portillo”, cuyo texto repitió en la sección de observaciones.

La sentencia del juicio contencioso administrativo ordenó al director jurídico la nulidad de la boleta de infracción sin que se emitiera otra, al igual que fuera restituido el pago en un plazo no mayor a cuatro meses, que se cumplió el 17 de enero pasado.

La falta de cumplimiento de la sentencia originó la multa de 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a 53 mil 772 pesos, cuyo proceso de ejecución está en marcha por la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Igual que el primer funcionario, el apoderado legal de la policía municipal recurrió al juicio de amparo para intentar frenar la citada sanción, a través de la solicitud que se radicó en el Juzgado Segundo de Distrito, bajo el expediente 28730989, el pasado 20 de septiembre.

La jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez dictaminó otorgar medidas cautelares provisionales a favor del servidor público (20 octubre), hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en una audiencia programada para el 28 de diciembre del presente año.

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