- El Centro Morelos acompaña actualmente, a 36 familias de la sierra del municipio de Petatlán, 335 familias de Leonardo Bravo y 72 personas de Zitlala, todas víctimas de desplazamiento forzado entre 2011 y 2018.
CÉSAR MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el aumento en el número de personas que tuvieron que huir de sus casas por la violencia, especialistas y organizaciones civiles urgieron al Congreso a aprobar la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Ayer se publicó en estas páginas que entre enero y octubre de 2021, 36 mil 682 personas fueron desplazadas por la violencia, cifra 390 por ciento mayor a la reportada para el mismo periodo de 2020, cuando se registraron 7 mil 486 víctimas, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la magnitud de los datos muestra la necesidad de que se tomen medidas extraordinarias.
“Como podría ser la adopción de la legislación específica, y por eso es lamentable que después de que se aprobó en la Cámara de Diputados (en septiembre de 2020), haya quedado relegada en el Senado”, comentó.
En tanto, Teodormira Rosales, del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de la sierra de Guerrero, señaló que apenas el 13 de diciembre pasado otro grupo de 33 personas, de 11 familias, huyó de la cabecera municipal de Tierra Colorada.
“Este desplazamiento es porque desaparecen al papá de una familia y al hijo de otra familia”, contó.
“En Guerrero ahorita se está dando muy duro la pelea de territorios, hay cárteles nuevos y están en disputa, y por eso se dan los levantones y asesinatos de quienes no quieren hacer los trabajos forzados, incluso de menores de edad que obliga para trabajar de manera forzada”.
El Centro Morelos, como se le conoce a la organización civil, acompaña actualmente, a 36 familias de la sierra del municipio de Petatlán, 335 familias de Leonardo Bravo y 72 personas de Zitlala, todas víctimas de desplazamiento forzado entre 2011 y 2018.
Ninguna de esas familias ha podido regresar a sus casas, algunas incluso acamparon por 39 noches afuera de Palacio Nacional, en los primeros meses de 2019, pero ni así las autoridades resolvieron sus casos.
“Para nosotros es preocupante que la ley no se haya aprobado por la Cámara de Senadores, es importantísimo porque con esa ley podríamos exigir la ayuda humanitaria, de alojamiento, salud y educación para las víctimas”, agregó Rosales.
“Las autoridades federales se han excusado que no pueden atender el tema porque no hay una ley que tipifique el desplazamiento como delito”.
Por separado, José Antonio Guevara, activista y exintegrante del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU, urgió también a aprobar la ley sobre desplazamiento interno forzado, aunque recordó que la minuta enviada por los diputados da las obligaciones a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), lo que consideró que no es la mejor opción y abogó por crear un nuevo organismo dotado de los recursos necesarios.
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