Denuncia HRW desapariciones forzadas en El Salvador

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Denuncia HRW desapariciones  forzadas en El Salvador
  • Human Rights Watch denunció este lunes que el Gobierno de El Salvador ha realizado desapariciones forzadas durante el régimen de excepción.
STAFF / AGENCIA REFORMA

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció el lunes que el gobierno de El Salvador ha perpetrado desapariciones forzadas durante el régimen de excepción, invocado por el presidente Nayib Bukele para responder a una ola de homicidios.

En colaboración con Critosal, una organización local de defensa de derechos humanos, HRW encontró evidencias de las desapariciones forzadas de corta duración y de la muerte de al menos dos personas que se encontraban privadas de la libertad.

A finales de abril, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido de Bukele, extendió por otros 30 días el estado de excepción que limita las garantías y derechos, y con el cual el gobierno ha arrestado a más de 20 mil personas acusándolas de ser parte de las pandillas.

“Durante los primeros 30 días del régimen de excepción promovido por Bukele, hemos documentado evidencias de detenciones arbitrarias de personas inocentes, que en algunos casos han sido sujetas a desapariciones forzadas de corta duración, así como casos alarmantes de muertes bajo custodia”, dijo Tamara Taraciuk, directora para las Américas de HRW, en un comunicado.

“En vez de proteger a los salvadoreños de la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad han abusado de las amplias facultades que les concedió la Asamblea Legislativa, la cual ahora ha permitido 30 días más de violaciones de derechos humanos”.

Para su informe, HRW y Cristosal realizaron 43 entrevistas sobre 40 casos con víctimas, sus familiares, abogados y personas de la sociedad civil.

Además, analizaron fotografías y documentos oficiales para corroborar los testimonios.

El presidente Bukele acusa a las pandillas de estar detrás de una ola de homicidios ocurrida a finales de marzo y por la cual ha lanzado una agresiva campaña en la que endureció las penas por pertenecer a esos grupos criminales y promulgó una ley calificada por la prensa como “mordaza”, la cual castiga con 15 años de cárcel a quienes difundan mensajes de pandillas, incluyendo a los medios de comunicación.

Desde entonces, la Policía y el Ejército han realizado operativos en poblaciones de escasos recursos y han capturado a miles de personas, muchas inocentes, sin órdenes judiciales o evidencias, según denuncian activistas y la prensa local.

“La mayoría de los familiares de los detenidos indicaron que no habían sido informados sobre el paradero de sus seres queridos.

“En cinco casos, según los familiares, los agentes se negaron a brindar información sobre el paradero de los detenidos aun cuando sus familiares visitaron múltiples centros de detención para averiguar si estaban allí”, escribió HRW en su informe.

“La forma de prevenir estos abusos es poner fin al régimen de excepción, garantizar los derechos al debido proceso y respetar la independencia de jueces y fiscales”, agregó por su parte Taraciuk.

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