- En riesgo de ser descarrilada de contienda electoral candidata perredista, matrimonio Moyano acusados por ‘abusar de confianza’.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El ‘abuso de confianza’ es una práctica común en el matrimonio Moyano Fernández.
Tanto el empresario jalisciense Carlos Moyano Menchaca como su esposa Laura Fernández Piña cuentan con antecedentes de haber incurrido en este delito y están bajo investigación actualmente, lo que vendría a descarrilar de la competencia por la gubernatura a la abanderada por la alianza ‘Va por Quintana Roo’ en caso de proceder las denuncias en su contra.
Además de las tres acusaciones penales interpuestas por el Ayuntamiento de Puerto Morelos contra la ex alcaldesa que gobernó de 2016 a 2021, una cuarta querella penal la responsabiliza nuevamente junto con algunos de sus ex colaboradores por uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público.
Ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción Zona Dos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, la más reciente acusación alcanza también a la ex encargada del despacho Ana Luisa Betancourt Canul, al ex tesorero Eligio Sierra Peña, al ex contralor Raymundo Martínez Rivera, al ex oficial mayor Héctor Gilberto Alcaraz Argote y al ex subsecretario general y de asuntos jurídicos Josué Evelio Arjona Dzib.
En el acta de denuncia interpuesta el 11 de mayo pasado, se asentó que los ex funcionarios ‘de manera conjunta y de común acuerdo se unieron para cometer ilícitos contrarios a los ordenamientos de carácter general, preparando un plan para simular diversos dictámenes y documentos de viabilidad, con la finalidad de que con fecha 2 de julio de 2019, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, aprobara los proyectos de Asociación Pública Privada’.
Una de las empresas favorecidas fue INOCARIBE, S.A. de C.V. a la que se le obsequió el contrato CMPM/CON/APP/001/2021 para construir una nueva Unidad de Servicios Administrativos que costaría 389 millones 760 mil pesos, para lo cual se elaboró el dictamen de suficiencia presupuestal MPM/TM/6692/2021 que dejó en garantía el 23 por ciento de las participaciones federales de la comuna, el 20 de agosto de 2021.
Y para la renovación del alumbrado público se suscribió con la moral OFN Quintana Roo, S.A. de C.V. el contrato MPM/APP/002/2021 soportado con otro dictamen igual (20 de febrero 2020), que hipotecó otro 25 por ciento de las participaciones federales; es decir, entre ambas sumó el 48 por ciento, sin que uno ni otro documento hiciera referencia de las obligaciones previamente contraídas.
CARLOS MOYANO
La pareja de Fernández Piña enfrenta un proceso penal por el delito de abuso de confianza equiparado, mediante el cual el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana le reclama la restitución de 87 millones 573 mil 277 pesos sobre un monto de operación que le fue entregado por 95 millones de pesos.
Al jalisciense se le responsabiliza de mantener indebidamente un capital encomendado para realizar contratos bursátiles, por cuyo caso se le vinculó a proceso, se le dictó formal prisión y se le exoneró, pero después se ordenó su localización, reaprehensión, identificación administrativa, estudio de personalidad y hasta la suspensión de sus derechos políticos.
El caso se radicó originalmente bajo la causa 98/2013 del Juzgado Décimo Noveno Penal de la Ciudad de México, cuya instancia le concedió el auto de libertad pero fue revocado mediante una apelación en la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el expediente 16/2020.
El asunto se debate actualmente en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la capital del país en el amparo en revisión 29009932, que recientemente le concedió un amparo para que se emita una tercera sentencia (12 enero pasado).
‘En la que reitere el cuerpo del delito de abuso de confianza, la probable responsabilidad del quejoso, la orden de reaprehensión y la identificación administrativa’. El único cargo que ha logrado revertir fue la restitución de sus derechos políticos.
CARGOS VS LAURA
Al catálogo de denuncias que enfrenta Laura Fernández se sumó recientemente otro par de querellas penales confirmadas (el viernes pasado) por el titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO), Manuel Palacios Herrera, como resultado de la revisión de la cuenta pública de Puerto Morelos.
Hasta la semana pasada, la candidata a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Confianza de Quintana Roo enfrenta tres denuncias penales.
La administración municipal encabezada por Blanca Merari Tziu Muñoz la acusó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FGE/QR/FCC/CAN/SL/3805/2022), por negligencia en el desempeño de la función o cargo, fraude procesal, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades contra Fernández Piña.
Y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR se interpusieron otras dos denuncias, por el delito de peculado, mediante el oficio MPM/CM/DPIR/110/III/2022 (10 marzo), y por la defraudación del impago de cuotas obrero patronales y las aportaciones de cesantía, edad avanzada y vejez con el Seguro Social de los trabajadores de la comuna (MPM/CM/DPIR/277/V/2022), el 2 de mayo pasado.
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