Por KUKULKÁN
¡HUELE a Mauricio Góngora Escalante!, bromean en los cafés políticos de Cancún cuando en la sobremesa alguno de los comensales mete en la plática el tema de Laura Fernández Piña y los negocios que se garantizó durante 20 años con recursos del presupuesto del Ayuntamiento de Puerto Morelos, a través de empresas vinculadas con su esposo Carlos Alberto Moyano a las que se les adjudicó el servicio y mantenimiento del sistema del alumbrado público municipal.
AUNQUE hace seis años el candidato del PRI a gobernador sí pudo participar en la contienda, resultó derrotado por el abanderado de la alianza PAN-PRD Carlos Joaquín González, y al poco tiempo Góngora tuvo que andar a salto de mata tras enfrentar una orden de aprehensión por el desfalco de 600 millones de pesos cuando ocupó la presidencia municipal de Solidaridad; fue acusado por los delitos de peculado y desempeño irregular de la función pública.
EL ANTERIOR escenario bien podría ser el espejo en el que se podría estar viendo la candidata de ‘Va por Quintana Roo’ en caso de prosperar las denuncias que existen en su contra por parte de las nuevas autoridades municipales de Puerto Morelos, que recientemente se declararon en quiebra técnica por los compromisos que dejó Laura Fernández antes de dejar la presidencia municipal en septiembre de 2021 para convertirse en diputada federal.
SI BIEN su equipo de comunicación ya salió a decir que la candidata no necesita amparo porque no está imputada de algún delito (todavía) y goza de fuero por ser diputada federal con licencia, habría que recordarles que los alcances del fuero son para la actividad legislativa federal, no para la protección de presuntos delitos cometidos en cargos pasados, como en este caso de la ex presidenta municipal de Puerto Morelos.
LA CÁRCEL ha sido el desenlace para los adversarios políticos que terminan perdiendo la elección y enfrentado a alguien más peligroso que está obligado a eliminarlos, de acuerdo con las leyes del poder. Sucedió por primera vez en la sucesión de 2005 cuando el priista Félix González Canto se impuso en los resultados al perredista José Ignacio Zalvidea “El Chacho”, quien posteriormente cayó preso acusado de peculado cuando fungió como presidente municipal de Benito Juárez. Negoció su libertad y se puso al servicio de su verdugo.
EL EPISODIO se repitió cinco años después, en 2010, con el perredista Gregorio Sánchez Martínez quien pretendió infructuosamente jugarle la gubernatura al entonces candidato priista Roberto Borge Angulo, delfín de Félix González, y fue descarrilado antes de que la campaña entrara en calor; el ex alcalde de Benito Juárez (Cancún) fue detenido y preso, acusado de nexos con cárteles y realizar operaciones con fondos de procedencia ilícita. Dos años después recobró su libertad, igualmente negoció con sus verdugos, pero condenado a vivir en el ostracismo político.
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EN ESTOS últimos días de campañas tanto por la gubernatura como por diputaciones al Congreso Local, ya toda y todo aspirante a esos cargos de elección popular están en cierres de campaña. Mientras que a unos y a unas se les ve cerrando con todo en la recta final, hay quienes ya de plano dan la impresión de haber tirado la toalla y andan a medio gas, pues saben que no la traen consigo y que eso se reflejará en las votaciones del próximo domingo 5 de junio.
Y LO QUE va a ser un lío al término de este proceso electoral, es las toneladas de basura electoral que dejaron los partidos, alianzas y candidatos esparcida por todo el territorio quintanarroense, que hasta ya la comparan con el sargazo en las playas de esta entidad. Pronto los pepenadores del reciclaje harán el levantamiento de todas esas toneladas de basura electoral porque saben que los políticos no cumplen con esa obligación que es por ley, pues sólo se dedicaron a tapizar con sus nombres y propuestas, bardas, postes, letreros espectaculares y demás.
